La jueza de Garantías Constitucionales, Ximena Palacios, denegó la acción de libertad planteada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) en contra del comandante departamental de la Policía en La Pa, Omar Chávez, y del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ante la toma violenta de sus instalaciones en La Paz por parte de una facción afín al MAS.
La defensa de la parte accionante anunció una complementación y una enmienda. Además argumentó que no se ingresó al fondo de la acción.
La audiencia se desarrolló durante más de ocho horas en la que se argumentó que la Policía no cumplió con su función de proteger la sede de una organización dedicada a la defensa de derechos humanos.
Un grupo liderado por Edgar Salazar, quien afirma ser el presidentede la APDHB, tomó por la fuerza hace dos semanas las instalaciones ubicadas en la avenida 6 de Agosto con el argumento de que estaría «recuperando» esas oficinas para los supuestos legítimos dirigentes.
No obstante, la presidenta de dicha entidad (Amparo Carvajal) denunció un allanamiento e instaló una vigilia como medida de protesta por el avasallamiento pese a que es una persona de la tercera edad.
En la acción de libertad se exigió al ministro Del Castillo y al comandante departamental que resguarden la vida e integridad física de Carvajal.
La jueza Palacios resaltó que Carvajal instaló dicha vigilia por voluntad propia y además evitó ingresar al fondo del asunto como el desconocimiento o reconocimiento de la parte accionante como la presidenta de la APDHB ya que para ese tratamiento existen otras instancias.
Agregó que existen dos directivas que se atribuyen la dirección de dicha organización.
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