Categoría: NACIONAL

La viceministra Gabriela Alcón minimizó la convocatoria del “cabildo nacional por la justicia” y dijo que, en algunas regiones, como en La Paz, los asistentes “eran menos de 1.000 personas”.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que la propuesta del “cabildo nacional” sobre un proceso revocatorio al gobierno del presidente Luis Arce solo busca acortar su mandato.

También aseguró que cuando los sectores concentrados la tarde noche del miércoles exigen “amnistía” para al menos 180 “presos políticos”, solo muestra que buscan “impunidad” por el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la violencia en 2019.

“Para nosotros, es intentar acortar el gobierno del presidente Luis Arce, para justificar la impunidad a lo que ha ocurrido”, dijo Alcón en entrevista con Unitel.

Una de las determinaciones del denominado “cabildo nacional por justicia” exige la liberación de “presos políticos”, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho, en un plazo de 30 días; de no ser así, se iniciará un proceso revocatorio contra el mandatario.

“Sobre el proceso del revocatorio, existe un procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), pero lo que se está buscando es acortar el mandato presidencial”, insistió la viceministra.

Evocó las 36 recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

Ellas surgieron luego de una investigación de la violencia y las masacres de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019.

“La recomendación número 10 (del GIEI) habla específicamente de la inaplicabilidad de normas como la amnistía con relación a este informe y a este documento”, explicó Alcón.

Recordó que representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “está cumpliendo el seguimiento de las 36 recomendaciones del GIEI”.

Cabildo

El “cabildo nacional por la justicia” fue convocado por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Clavo.

Sin embargo, solo tuvo una concentración masiva en la capital cruceña.

Si bien los demás departamentos realizaron concentraciones, no alcanzaron la expectativa que los líderes cívicos previeron.

Alcón calificó de “reducidas concentraciones”, esa convocatoria.

“Lo que se ha tenido son concentraciones menores en ocho departamentos. En el caso de La Paz, eran menos de 1.000 personas”, dijo la viceministra Alcón.

Las movilizaciones en el departamento de Santa Cruz comenzaron el 28 de diciembre del año pasado.

En esa fecha se ocurrió la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro.

Eso ocurrió el marco del caso Golpe de Estado I.

Además de las determinaciones de ese cabildo, esa región inició una revisión de su relación con el Estado.

También impulsa el federalismo, como forma de gobierno. Sin embargo, los otros departamentos no se hicieron eco de esa propuesta.

La Razón

El beneficio a las personas de la tercera edad, otorgado a través de la Ley 1886, se incrementó en 17,2% en 2022 respecto a la gestión 2020.

Durante 2022, 3,4 millones de usuarios de la tercera edad se beneficiaron con el descuento del 20% en el consumo eléctrico gracias a la Ley 1886, informó el presidente Luis Arce.

“En 2022, gracias a la Ley 1886, 3,4 millones de nuestras abuelitas y abuelitos se beneficiaron con el 20% de descuento en sus facturas de luz, ahorrando más de Bs 10 millones”, dijo en su cuenta de Twitter.

Afirmó que uno de los principales compromisos del Gobierno es universalizar el acceso a los servicios básicos.

El artículo 3 de la Ley 1886, del 14 de agosto de 1998, establece descuentos y privilegios a las personas mayores de 60 años por parte de empresas que proporcionan servicios públicos y distribución de energía eléctrica y agua de consumo doméstico.

En el caso de la energía eléctrica, el descuento del 20% se aplica al consumo límite aplicable que es de 0 hasta 100 kilovatios por hora (Kvh) mes.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, afirmó que el Gobierno, a través de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), trabaja para llegar a más rincones del país con cobertura eléctrica, que también permitirá que más adultos mayores puedan beneficiarse.

“Uno de los principales objetivos de la política económica y social de nuestro gobierno es universalizar el acceso a los servicios básicos, entre ellos la electricidad, y también aplicar políticas que ayuden también al ahorro de uno los sectores más vulnerables de la sociedad”, manifestó.

Crecimiento

En 2020, 2,9 millones de personas de la tercera edad se beneficiaron con el descuento en las tarifas de luz, cifra que aumentó en aproximadamente 400.000 para 2022.

Este incremento es fruto de la socialización de este beneficio a cargo de las empresas distribuidoras de electricidad de ENDE Corporación y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), en coordinación con el Ministerio de Hidrocarburos.

Para 2023, se espera que más adultos mayores se favorezcan con esta norma, mediante el registro anual en todas las oficinas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica del país, cuyo único requisito es la presentación de documento de identidad del beneficiario.

La Razón

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que en 2021 y 2022 las metas previstas fueron superadas, y espera que este año ocurra lo mismo.

El presidente Luis Arce prevé para este 2023 la erradicación de 10.000 hectáreas excedentarias de cultivos de coca en el país.

El anuncio ocurrió en el acto por la inauguración de las tareas de erradicación de la hoja de coca excedentaria, en el municipio de Chimoré, en Cochabamba.

“Hoy nos volvemos a poner como meta (la erradicación), para la gestión 2023, estas 10.000 hectáreas excedentarias de hoja de coca”, señaló Arce.

Recordó que en 2021 y 2022, las metas planteadas eran de 9.000 y 10.000 hectáreas de cultivo excedentario, respectivamente y que, en ambos casos, “se superaron las expectativas”.

Ley General de la Coca

Arce destacó el trabajo de los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que se encargan de esas tareas en las dos zonas productoras de coca, previstas en la Ley 906, General de la Coca.

Dicha norma limita hasta 22.000 hectáreas los cultivos, de las cuales 14.300 está en los Yungas de La Paz y 7.700, en el Trópico de Cochabamba.

“Bolivia es un país comprometido contra el narcotráfico, pero es una tarea de todos los países y todo el mundo debe estar poniéndose metas para la lucha de la erradicación de la hoja excedentaria”, apuntó Arce.

Pero, de forma paralela a la erradicación de los cultivos excedentarios, el Gobierno impulsa la “desclasificación” de la hoja de coca en la lista de estupefacientes de la Convención de Viena de 1961.

Lo que se busca con esa desclasificación, según dijo el mandatario, “es la libre comercialización de nuestra hoja de coca y sus derivados”.

Por su parte, en el mismo acto, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, comparó los alcances de la erradicación de los cultivos excedentarios de coca con países como Perú y Colombia.

“Mientras otros países crecen en sus cultivos, en nuestro país se mantienen estables, e incluso se reducen”, dijo.

Dijo que las organizaciones implicadas en la producción de coca, como el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) y la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) también serán parte de las acciones de erradicación.

“El camino nunca será la represión-persecución y, mucho menos, la violencia para erradicar estos elementos. Nunca llega a buen puerto; dificulta la tarea y provoca un entorpecimiento de la erradicación”, apuntó.

Cultivos de coca y la UNODC

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) estableció que los cultivos de coca en Bolivia crecieron en un 4% entre 2020 (29.400 hectáreas) y 2021 (30.500 hectáreas).

No obstante, el Gobierno acordó con ese organismo “revisará las metodologías de medición”.

Pues las hectáreas contadas por las fuerzas nacionales alcanzaban a tan solo 29.200 hectáreas.

La Razón

La expresidenta aseguró que el país está “hastiado de abusos e improvisaciones” y del “autoritarismo” del MAS.

La expresidenta transitoria Jeanine Añez pidió este miércoles, a través de una carta, la unidad de la oposición boliviana para lograr una reforma de la Justicia, ya que —aseguró— el país está “hastiado de abusos e improvisaciones” y del “autoritarismo” del Movimiento al Socialismo (MAS).

Carolina Ribera, hija de la exmandataria, leyó la misiva durante el cabildo en La Paz, que fue uno de los varios que se llevaron a cabo de forma simultánea en las ciudades capitales de Bolivia exigiendo la reforma judicial, la defensa de la democracia y la liberación de los presos políticos.

Añez, en su misiva, señaló que son más de 180 presos políticos en el mandato del presidente Luis Arce y que hace años se ha enfrentado un “régimen autoritario, abusivo, excluyente y represor”, en el que no se han respetado los resultados de un referéndum de 2016 que negó la posibilidad de que Evo Morales se presentara a los comicios para su cuarto mandato, aunque luego recibió el aval de los tribunales supremos para postularse.

“Hoy la historia nos vuelve a convocar y está claro que los bolivianos rechazamos de manera contundente el autoritarismo y el abuso del MAS, hoy un nuevo actor que es Luis Arce que quiere demostrar que puede ser más autoritario que Evo Morales usa sus operadores que son jueces y fiscales, el Ministerio Público, el Órgano Judicial que han sido tomados por Arce y su Gobierno para perseguirnos y encarcelarnos”, señaló Añez.

Por lo mismo, sostuvo que es “urgente” que la oposición boliviana trabaje en unidad “con un solo objetivo, sin mezquindades” que es “la construcción de una Bolivia democrática”, al igual que exigir la reforma judicial, ya que hay una “Bolivia hastiada de abusos e improvisaciones”.

“Los opositores tenemos la obligación de demostrar al país que hemos aprendido de nuestros errores y que vamos a trabajar unidos para esta justicia imparcial, por la democracia y por la libertad”, sostuvo la exmandataria transitoria.

Añez manifestó que a pesar de estar encarcelada, su deseo es más grande de ver a una “Bolivia democrática, libre, con independencia de poderes”.

“Resistiré para que juntos sigamos luchando para mejores días para todos los bolivianos y no permitir jamás que nos conviertan en otra Cuba, Venezuela o Nicaragua”, enfatizó la misiva.

Añez está en la cárcel desde marzo de 2021 y fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso “golpe de Estado I” acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión después de la renuncia de Morales a la Presidencia y tiene otros procesos en su contra por la crisis política y social de 2019.

Para la oposición en 2019 hubo un “fraude” en los frustrados comicios de ese año y “no existió un golpe de Estado”, como denuncia el oficialismo, por lo que consideran que todo el proceso judicial sobre esa crisis es “arbitrario, totalitario e inconstitucional”.

Página Siete

La moción se probó con 74 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones.

El Congreso de Perú aprobó este jueves la moción que solicitaba declarar a Evo Morales persona non grata. La misma fue aprobada por 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.

“El Congreso de la República acuerda: expresar su rechazo contundente a las constantes declaraciones públicas de intromisión indebida en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte del señor Evo Morales; declarar persona non grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del Perú”, consta en la moción, que se dio lectura previo a la votación.

El exgobernante boliviano estuvo muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Pedro Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado, el 7 de diciembre pasado.

A consecuencia de ello, en reiteradas ocasiones las autoridades peruanas criticaron lo que consideraron como “injerencia” de Morales y lo acusaron de ser una “amenaza para la seguridad nacional, orden público y orden interno”.

//Noticia en desarrollo//

Página Siete

Las plataformas indican que Joel Hernández desvirtuó su misión en Bolivia porque ofreció asesorar a Iván Lima en las judiciales.

El ofrecimiento del relator para Bolivia y representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, de servir como asesor en las elecciones judiciales previstas para este año en Bolivia, molestó a representantes de distintos sectores como el Conade y las plataformas.

Estas organizaciones calificaron la intención de Hernández como una inclinación política hacia el gobierno de Luis Arce y una “injerencia” en los temas internos de Bolivia.

“Cómo es posible que Joel Hernández viniendo a evaluar de manera independiente e imparcial el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), ofrezca al gobierno de Luis Arce y al ministro Iván Lima asesorarlos para las elecciones de magistrados. Esa acción rompe toda imparcialidad, ha cometido un exceso y ha violado el mandato de su misión”, dijo a Página Siete el representante del Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) Manuel Morales.

El martes, tras reunirse con Hernández, el ministro de Justicia, Iván Lima, a través de su cuenta en Twitter, informó que el delegado de la CIDH se ofreció como asesor para las elecciones judiciales.

“El relator país Joel Hernández es un experto en reformas judiciales y ahora en el diálogo que tuvimos, ha ofrecido como CIDH, brindar todo el asesoramiento de parte de esa instancia a la elección de las 26 altas autoridades de la justicia boliviana”, se lee en el mensaje de Lima.

Para el representante de la plataforma, Otra Bolivia es Posible (OBP), Iván Meléndez, el ofrecimiento del relator Hernández puede ser considerado como un acto de injerencia de la CIDH en temas internos, más cuando la entidad debe mostrar su imparcialidad. “Lastimosamente este organismo internacional se está tomando atribuciones y se está alineando con un gobierno. El tema de las elecciones judiciales depende de la población y de la Asamblea Legislativa. El asesoramiento que quiere dar, marca una injerencia de este organismo”, dijo Meléndez.

Para el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, la presencia de Hernández como delegado de la CIDH en Bolivia no tiene mucha relevancia, porque “nunca tuvo una participación real” y presentó informes livianos sobre la situación de Bolivia. “Conocimos que pedían una justicia independiente, pero señalaban a un grupo en Santa Cruz muy agresivo que se enfrenta al Gobierno; entonces al final, quiere quedar bien con Dios y con el diablo”, dijo Cuéllar a Unitel.

Página Siete pidió a la unidad de comunicación de la CIDH poder hablar con Hernández para consultarle si su presencia en Bolivia y su ofrecimiento a Lima es una muestra de su simpatía con el gobierno de Arce; sin embargo, no fue posible. Indicaron que el delegado tiene poco tiempo disponible.

Hernández llegó a Bolivia el 23 de enero para ver los avances y cumplimiento de las 36 recomendaciones del GIEI. Hoy se va.

Pagina Siete

Luego del cabildo cruceño en el Cristo Redentor, grupos violentos atacaron a policías que resguardaban el Comando Departamental

Una baja convocatoria a cabildos en ocho ciudades del país fue la tónica que marcó la jornada de protesta convocada por los cívicos cruceños. En La Paz la concentración tuvo lugar en la calle 21 de Calacoto. La ciudad con mayor convocatoria fue Santa Cruz, sin embargo, a la culminación del cabildo grupos violentos atacaron a policías con petardos en el segundo anillo de la capital cruceña.

De acuerdo a reportes de Bolivia Tv en ciudades como Cochabamba, Cobija, Trinidad, Sucre, Tarija, Potosí y Oruro la presencia de personas en los cabildos no alcanzó las perspectivas de los organizadores.

Luego del cabildo cruceño, grupos violentos atacaron a policías que resguardaban el Comando Departamental ubicado a pocos metros del Cristo Redentor.

«No ha tenido una receptividad, hemos visto aquello. Me voy a referir a los ocho departamentos. Yo veía hoy unos titulares que por ejemplo decían lo siguientes: La Paz aprueba amnistía para presos políticos, cambio de currículum, pero ustedes han visto en la Sede de Gobierno no pasaban de 1.000 personas; en Pando y en Beni concentraciones muy reducidas, movilizaciones en el resto del país que no pasaban de las 1.000 personas siendo benevolentes en esta cifra», sostuvo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, a Bolivia Tv.

Alcón sostuvo que en Santa Cruz se tuvo una concentración con una cantidad «considerable de personas», se hace una lectura de preguntas, pero lo que se debe comprender es que la Constitución Política del Estado rige el comportamiento de la sociedad bolivianas y advirtió que las determinaciones tomadas por el cabildo son «posiciones inconstitucionales».

Citó que es tuición del Órgano central el trabajo de la Policía Boliviana, y que en el caso del Defensor del Pueblo éste es elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El movimiento cívico nacional había convocado a un cabildo nacional para este 25 de enero de manera simultánea en las nueve capitales de departamento.

A través de la red social Twitter, el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió al pedido cívico de amnistía.

«La Amnistía que se solicita para las personas imputadas por graves vulneraciones a los derechos humanos es contraria a la recomendación 10 del GIEI y a la uniforme Jurisprudencia de la @CorteIDH que prohíbe a los estados otorgar este beneficio a los autores de estos crímenes», posteó.

AEP

Solo en la ciudad de Oruro hubo enfrentamientos entre cívicos y militantes del MAS. En varias regiones se coincidió con el pedido de amnistía para presos políticos y la reforma judicial. Además, se amenaza con un revocatorio al presidente.

Banderas nacionales y de Santa Cruz flamearon en la zona sur de la ciudad de La Paz. Un grupo de ciudadanos se concentró para llevar adelante el Cabildo Nacional donde se realizaron ocho preguntas a la población y todas fueron aprobadas. Entre los puntos admitidos, se exigió la anulación la nueva currícula escolar, amnistía para “presos políticos”, la abrogación de la Ley Avelino Siñani y la conformación de un bloque de unidad, entre otros. En otras regiones del país se exigió el revocatorio de Luis Arce y hubo pedidos de federalismo. 

La concentración en La Paz empezó a las 17:30 de ayer. Se instaló una tarima y al punto de reunión llegaron cerca de un millar de personas. El encuentro fue convocado por el Comité Cívico La Paz, encabezada por Antonio Alarcón, quien había pedido al Gobierno que los dejara realizar el cabildo de manera pacífica y manifestó que no existe ningún afán político, sino cívico.

Y no hubo enfrentamientos. Los grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) no fueron al punto de concentración y, a diferencia del pasado 10 de enero, la Policía Boliviana vigiló la manifestación en varios lugares. 

En La Paz, entre las ocho resoluciones se destaca el pedido de amnistía para presos políticos, la anulación la nueva currícula escolar, la abrogación de la Ley Avelino Siñani, la conformación de un bloque único de oposición y la restitución de la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. 

En otras regiones
En Trinidad también se llevó adelante el Cabildo Nacional. El Comité Cívico de Beni convocó a la manifestación y desglosó seis preguntas. Reforma judicial vía referéndum; una ley de amnistía para liberar a los presos políticos en 30 días; la defensa del Tipnis de los avasallamientos de cocaleros; revocatorio para autoridades que no apoyen las demandas locales; la construcción de carreteras en el departamento y la unidad de los opositores para no dividir el voto en 2025 fueron los puntos aprobados por los benianos. 

En Tarija se realizó el cabildo y la población exigió encaminar a Bolivia hacia un estado federal y no descartaron realizar un revocatorio del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca. Además, entre otros puntos, también se exigió la liberación de presos políticos y la anulación de la malla curricular.

En Cochabamba se añadió los pedidos de una auditoría del padrón electoral y de una justicia independiente y transparente, con la advertencia de una marcha a La Paz y un “bloqueo económico” si no se cumplen las demandas.

En Sucre se realizó una masiva marcha antes de iniciar el cabildo. En esa región también se exigió la amnistía de presos políticos y se amenazó con revocatorios para autoridades que no apoyen demandas locales. 

En Potosí hubo pedidos más locales, como mayores beneficios por la explotación de los recursos naturales como los minerales y el litio. Además, se exigió un juicio contra Evo Morales por los resultados del juicio del Silala.

En Oruro hubo enfrentamientos entre cívicos y militantes del MAS. Los seguidores del oficialismo realizaron una concentración paralela y no permitieron que los cívicos y plataformas puedan movilizarse pacíficamente.

El Deber

De forma paralela, uno de los fiscales denunció que fue amenazado con mensajes que decían: “En boca cerrada no entran moscas”.

Por el delito de legitimación de ganancias, Misael Nallar, principal acusado del triple asesinato de uniformados en Porongo, recibió otros cuatro meses de detención preventiva a ser cumplidos en el penal de Chonchocoro, según la disposición del juez Cuarto de Instrucción Anticorrupción de Santa Cruz, Juan José Quiroz Crespo.

Al respecto, el Ministerio Público fundamentó en una audiencia virtual que se realizó ayer, que el investigado no pudo demostrar el origen de su dinero y bienes que le fueron encontrados, por lo tanto, solicitaba seis meses de detención, pero el pedido fue negado y le dieron sólo cuatro meses, publicó Clave 300.

El cuaderno de investigaciones dice que Nallar posee 27 motorizados, la hacienda La Bendita, el inmueble Team 777, 450 cabezas de ganado blanco, 192 vacas de raza GYR, 17 caballos y 28 cabras y chivos. Además, la suma de 1.675.704 bolivianos, que se encontraban en una cuenta de banco a su nombre.

La semana anterior también se conoció sobre un informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), que señala que Nallar hizo transferencias de montos de dinero elevados a la cuenta de Reina Mercedes Duarte Aguilera, conocida como “Merchi”, por las autoridades de Paraguay.

Duarte cayó presa en ese país en marzo de 2022, durante un megaoperativo. Al respecto, agentes del Senad revelaron que era una de las piezas más importantes del gran esquema del narcotráfico, dirigido por Sebastián Marset. El clan enviaba toneladas de cocaína hacia Europa, en especial a África.

Nallar es considerado el principal acusado del triple asesinato en Porongo, en Santa Cruz, en junio de 2022, donde fallecieron los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez, además del miembro del Gacip David Candia.

Amenazas

El fiscal Alberto Zeballos denunció públicamente que recibió mensajes de texto y llamadas telefónicas en los que se le advertía: “En boca cerrada, no entran moscas”.

Por su parte, el abogado de Nallar, Jorge Tamayo, negó que su cliente se encuentre detrás de las amenazas.

Página Siete

El juez Marco Antonio Amaru se declaró competente para procesar a la expresidenta, mediante un juicio ordinario por el caso Senkata.

El ministro de Justicia, Iván Lima, destacó y calificó este miércoles de “hecho histórico” la decisión del juez cautelar de El Alto, Marco Amaru, de declararse competente para procesar a la expresidenta Jeanine Añez, para que sea juzgada en la vía ordinaria por el caso Senkata. Asimismo calculó que el juicio oral se instalará máximo en tres meses.

“Lo que ha ocurrido ayer me parece que es un hecho histórico. La justicia boliviana, a través del juez primero cautelar penal de El Alto, ha determinado que es competente para conocer el caso de la masacre de Senkata con relación a la exsenadora Añez y ha notificado al Tribunal Supremo para que le remita todos los antecedentes del proceso del juicio de responsabilidades que se tramitaba ante la Asamblea Legislativa”, sostuvo la autoridad, citado por ANF.

El año pasado, la Fiscalía General del Estado presentó al Tribunal Supremo de Justicia cuatro proposiciones acusatorias contra Añez, el Tribunal las remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional —después del control constitucional— sin que salga un veredicto de esa instancia hasta el momento.

“Esta decisión del juez cautelar de El Alto nos marca el inicio de un proceso ordinario por las masacres de Senkata y seguramente los recursos que pueda plantear la exsenadora Añez, y otros sujetos procesales, serán objeto de revisión en un debido proceso por diferentes instancias”, sostuvo.

También señaló que, por el momento, lo que debe cumplirse es que la exsenadora Añez sea investigada en un proceso ordinario en la ciudad de El Alto y esperan que en los próximos meses, a más tardar tres, se tenga ya un juicio oral público y contradictorio por las “masacres” de Senkata.

Lima indicó que el juicio en única instancia no es compatible con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aseguró que un juicio ordinario garantiza un debido proceso para todas las partes.

“Esta posibilidad de un juicio en única instancia no está permitido en un país que respeta la jurisprudencia de la Corte Interamericana; por ese motivo, la única vía que garantiza efectivamente un proceso para todas las partes, incluido la exsenadora Añez, es la vía ordinaria que estamos llevando adelante”, aseguró Lima.

Página Siete