A menos de cuatro meses del día de votación, el TCP, con sus cinco magistrados auto prorrogados, definirá la suerte de las elecciones generales. Indígenas quieren presentar candidaturas sin partidos y arcista Huaytari pide equidad en binomios
En los primeros 15 días desde que corre el Calendario Electoral, se encuentran al menos cuatro amparos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la convocatoria a las elecciones generales del 17 de agosto, bajo dos premisas: paridad y equidad de género para los binomios y participación directa de las organizaciones indígenas en los comicios nacionales.
Vocales del TSE, legisladores, precandidatos y expertos constitucionalistas, reflejan un escenario de incertidumbre y ven un “grave riesgo” de que el TCP paralice el proceso electoral que está en curso, pese a la vigencia del principio de preclusión establecido en la Ley 026 de Régimen Electoral. Los vocales esperan que los magistrados honren el compromiso suscrito con el ente electoral.
En este escenario, ronda el fantasma de la elección judicial parcial de 2024 por una orden del TCP al Órgano Electoral. Y los magistrados, entre ellos, cinco auto prorrogados y cuatro electos, vuelven a tomar un rol protagónico en el proceso destinado a la elección de un un nuevo presidente, vicepresidente, senadores y diputados de Bolivia para los próximos cinco años.
Los recursos
El primer recurso es impulsado por el expresidente de la Cámara de Diputados y legislador arcista, Israel Huaytari, quien el lunes 14 de abril presentó ante el TCP, en Sucre, una ‘Acción de Inconstitucionalidad Abstracta’ contra la convocatoria a elecciones observando que no se considera la paridad y equidad de género para las candidaturas de binomios.
Huaytari pide al TCP que se le “conceda la medida cautelar ordenando al Tribunal Supremo Electoral que (…) emita la normativa que corresponda incluyendo en la convocatoria para las elecciones generales 2025, el requisito de paridad y equidad de género en las duplas para la presidencia y la vicepresidencia”.
Al respecto, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, expuso dos observaciones a la acción de Huaytari: primero vio que el recurso está “mal planteado” porque es contra la Resolución 0202/2025 de convocatoria a elecciones, documento que no regula ni determina los requisitos de las candidaturas para los distintos cargos. Precisó que el documento que establece los requisitos para el registro de candidatos es el Reglamento de Candidaturas.
Segundo, Vargas cuestionó al expresidente de Diputados ya que, en su gestión, en octubre de 2024 el TSE presentó a la Cámara Baja un proyecto de ley sobre la paridad para los binomios, planteamiento que fue ignorado por Huaytari quien ahora recurre al TCP por el mismo tema.
El segundo recurso fue presentado al TCP por el exiliado político de Tuto Quiroga y exmagistrado del TCP, Gualberto Cusi, quien el jueves 17 de abril acudió a los magistrados auto prorrogados con una ‘Acción de Inconstitucionalidad Abstracta” y pidió al TCP que declare inconstitucionales los artículos 5 y 15 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas promulgada por Evo Morales.
Dicha norma limita la participación de los pueblos indígenas solo en elecciones subnacionales, y no en comicios nacionales, norma que según la interpretación de Cusi, va en contra del artículo 209 de la Constitución Política del Estado (CPE).
“Las candidatas y los candidatos a los cargos públicos electos (…) serán postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo con la ley”, se lee en dicho artículo.
“Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esos artículos 5 y 15 de la Ley 1096, los pueblos indígenas podrán participar de las elecciones sin depender de partidos políticos (…) Estoy seguro que el Tribunal Constitucional nos va a dar la razón”, afirmó Cusi a EL DEBER.
A la acción se adhieren Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), Consaq (Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyo, Pueblos Indígenas Originarios) y Coniaoc (Coordinadora Nacional de Autonomía Indígena Originario Campesinas).
Cusi admitió que su acción puede “suspender” las elecciones y responsabilizó a los magistrados del TCP que, según su criterio pueden resolver el recurso en cuestión de “un día o incluso horas”, claro, si ellos tienen compromiso y voluntad.
Un recurso similar fue presentado el jueves 17 de abril ante el TCP por dirigentes de la Nación Qhara Qhara, quienes también piden al TCP “medidas cautelares” para que esa nación pueda registrarse ante el TSE para participar en las elecciones generales con sus propios candidatos.
El cuarto recurso contra las elecciones lo impulsa la Confederación Pueblos Indígenas De Bolivia (Cidob), organización que cuenta con personería jurídica y que según su dirigente Luis Ardaya, en tres ocasiones solicitaron al TSE que los registre para participar en las elecciones: el 6 de febrero, el 2 de abril y el 7 de abril, pero “sin ninguna respuesta positiva ni negativa”.
La Cidob quiere participar como organización indígena en las elecciones y con sus propios candidatos. Ardaya aclaró que su recurso anunciado es independiente de los otros dos amparos que piden lo mismo.
Si hasta este lunes 21 el TSE no habilita a la Cidob para las elecciones, el martes 22 presentará una “Acción de Inconstitucionalidad Abstracta”, contra el TSE para “paralizar las elecciones” hasta que se ajusten o anulen los artículos 5 y 15 de la Ley 1096.
Acuerdos y compromisos
Antes de la convocatoria a elecciones generales hubo cuatro encuentros para garantizar los comicios. Tres entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, más los líderes políticos para ‘blindar’ las elecciones, y una reunión entre el TSE y el TCP que fue el 16 de enero.
“Se va a dar a la población, la certidumbre necesaria, y obviamente al sistema político en general, de que las elecciones de 2025 se llevarán con normalidad”, dijo esa vez el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado. Pero no se habló de respetar el principio de preclusión.
En esa línea, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, espera que el TCP cumpla el acuerdo con el ente electoral para “resolver de manera rápida y con celeridad todos los casos que tengan que ver con el proceso electoral”.
“Riesgo” y rol del TCP
¿Se repetirá la misma historia de las elecciones judiciales? El abogado constitucionalista y exmagistrado del TCP, Marco Antonio Baldivieso, los magistrados auto prorrogados, ya que en cualquier momento pueden paralizar el proceso por algún amparo.
“Lo que preocupa no son esas maniobras políticas, sino el sistema de justicia, el Tribunal Constitucional”, dijo Baldivieso a EL DEBER y apuntó a los magistrados auto prorrogados, Gonzalo Hurtado y René Espada que son la cabeza del TCP y quienes el año pasado, desde la Sala Cuarta, paralizaron varias veces las elecciones judiciales y finalmente instruyeron una elección parcial.
“Estamos en una situación peor. La Sala Cuarta del TCP que paralizaba y era la que definía el año pasado si las elecciones se daban o no, ahora es el magistrado Hurtado de esa sala cuarta el que preside el TCP, entonces el escenario ha empeorado indudablemente”, afirmó.
Y pese al compromiso que realizó con el TSE, el Tribunal Constitucional al admitir esas acciones de amparos constitucionales, “no está garantizando las elecciones nacionales, más al contrario, está siendo nuevamente permisivo como en la época de las elecciones judiciales, está abriendo brechas para la posibilidad cierta de tener elecciones el 17 de agosto y pueda ser obstruida y hasta modificada”, auguró el experto.
