Categoría: NACIONAL

Hasta ayer se aplicaron 170.317 primeras dosis y 150.437 segundas dosis. Esa región se suma al cambio de estrategia para llegar con dosis a la mayor parte de la población

Oruro se apresta a organizar su Carnaval si logra vacunar al 85 por ciento de su población, según afirmó su gobernador Jhonny Vedia. Ahora encaran la nueva estrategia para llevar las dosis a puntos donde existe alta concentración de personas.

De acuerdo a sus datos, hasta el momento un 65 por ciento de la población orureña vacunable ya recibió las dosis, por lo que pretenden subir ese porcentaje en un 20 por ciento en los próximos 60 días.

“El planteamiento nuestro como Gobernación es alcanzar al 85 por ciento (de vacunados) para noviembre y con este indicador dar luz verde al Carnaval de la gestión 2022, obviamente respetando el comportamiento epidemiológico que pueda tener este virus”, manifestó a radio Fides.

Vedia indicó que dentro de la campaña de inmunización se plantearon diferentes estrategias, desde la habilitación de puntos de vacuna en los 35 municipios de la región, hasta la puesta en marcha de centros móviles para llegar a las regiones más distantes estableciendo convenios con instituciones públicas y privadas.

El Carnaval de Oruro, declarado Patrimonio de la Humanidad, fue suspendido en enero de esta gestión por el rebrote del Covid-19 y hasta ayer se aplicaron 170.317 primeras dosis y 150.437 segundas dosis en esa región del país.

El Deber

El exministro de Gobierno es investigado por presunto uso indebido de influencias en el caso denominado “Gases Lacrimógenos”.

El fiscal general del estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este martes que en horas de la mañana se oficializó la solicitud de extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo, que se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos. El documento fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de la ciudad de La Paz, por el caso denominado “Gases Lacrimógenos”. 

“El día de hoy la Comisión de Fiscales ha presentado ante la autoridad jurisdiccional toda la documentación solicitando la extradición del señor Murillo. Trabajo que comprende más de 2.000 hojas traducidas al inglés, con lo cual el Ministerio Público ha cumplido con la labor administrativa que se ha solicitado por parte de la autoridad jurisdiccional», informó Lanchipa. 

«Ahora corresponde a la autoridad judicial emprender el procedimiento correspondiente a través de la Cancillería. Es la autoridad judicial la que tiene en sus manos toda la documentación traducida para ser enviada a Estados Unidos”.  

La máxima autoridad del Ministerio Público detalló que en la documentación presentada se encuentra lo relativo a «la calidad de la denuncia y los delitos» por los que se investiga al exministro de Gobierno, para que puedan ser de conocimiento de las autoridades estadounidenses. 

Murillo y al menos otras cuatro personas están acusadas de una compra de armamento no letal con 2,3 millones de dólares de sobreprecio.

La operación involucró a una empresa intermediaria y el dinero fue enviado a cuentas en Estados Unidos, razón por la cual en ese país se abrió una investigación por lavado de dinero, que prosiguió con la detención del exministro.

Además del denominado “Gases Lacrimógenos”, hay por lo menos 10 procesos interpuestos contra Murillo, entre los que figuran los relacionados con los hechos de violencia de Senkata y Sacaba, la extradición del narcotraficante Lima Lobo, el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el volteo de droga en Horcones y los respiradores españoles.

Pagina Siete

El fiscal Lanchipa explicó que comenzó un nuevo periodo de detención.

La expresidenta Jeanine Añez deberá pasar otros seis meses privada de libertad por la detención preventiva de un segundo caso impulsado en su contra.

«Tenemos dos procesos aperturados (sic) contra la señora Añez. En uno de ellos es evidente que el plazo de su detención preventiva, dispuesto por la autoridad judicial, se cumple el día de hoy, pero existe otro proceso en su contra donde también se ha dispuesto la detención preventiva y el plazo de su detención preventiva está vigente», declaró este martes el fiscal general, Juan Lanchipa.

La exmandataria cumplió seis meses privada de libertad de forma preventiva por el supuesto golpe de Estado por el que se la acusa e investiga.

Añes está acusada de la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, por los que está detenida en el penal de Miraflores.

En segundo proceso se la acusa de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Además, la presidenta transitoria enfrenta otros cuatro juicios de responsabilidades pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por la aprobación de un crédito del FMI, la concesión supuestamente irregular a Fundempresa, por la emisión de un decreto que vulneraría la libertad de expresión durante la cuarentena, y por lo hechos de violencia de Sacaba y Senkata.

Pagina Siete

El abogado Abel Loma denunció que en la investigación contra el ministro de Educación, Adrián Quelca, por presunto tráfico de influencias en el proceso de designación de cargos en el sistema educativo, existe un “pacto de silencio” entre los testigos, puesto que los mismos han puesto “mil y una excusas” para no entregar a las autoridades los teléfonos celulares que evidenciarían los ilícitos.

El abogado Loma representa la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, quien denunció ante la Fiscalía el presunto tráfico de influencias y de exámenes para postulantes en el proceso de Institucionalización de Cargos Directivos del Sistema Educativo.

La denuncia adjuntó grabaciones sobre conversaciones de WhatsApp en que supuestamente el exdirector de Educación Superior, Agustín Tarifa, recibía instrucciones de Quelca para favorecer o perjudicar postulantes, pero además el exfuncionario enviaba los exámenes a determinados aspirantes antes de que rindan la evaluación. 

El abogado Loma indicó que ya se ha convocado a declarar a una decena de testigos en el departamento de La Paz. Según indicó el jurista, dichas personas negaron haber recibido los mensajes denunciados y pusieron excusas para no entregar su celular investigado, alegando –por ejemplo- que lo habían extraviado o quebrado.

“Estas 10 personas misteriosamente, y ha llamado la atención del Ministerio Público y de la FECC, (manifestaron) que han extraviado o han deteriorado sus teléfonos celulares, motivo por el cual se ven imposibilitados los peritos de hacer las pericias correspondientes a objeto de recuperar los mensajes”, dijo el jurista.

Según Loma, los testigos habrían cambiado su teléfono para no entregar su celular original, con el objetivo de que no se pueda encontrar los mensajes.  

“Hay una obstaculización clara de toda esta gente que es pues allegada al ministro Quelca y un pacto de silencio entre todos, a objeto e que no se pueda llegar a establecer la verdad histórica de los hechos”, agregó.

No obstante, el abogado señaló que existen los videos y audios que evidencian los mensajes que fueron presentados junto la denuncia, por lo que se debe realizar pericias a esas grabaciones.

Consideró que la actitud de los testigos en realidad corrobora que las pruebas presentadas por la Viceministra son reales.

Aseveró también que este martes se tendría que proceder a notificar al ministro Quelca y a Tarifa para que declaren, sin embargo, alertó que de este segundo no se conocería su paradero y que se indaga si salió del país.

Erbol

Cuando está por cumplirse los seis meses de plazo para que la Fiscalía realice las investigaciones por el caso denominado “golpe de Estado”, el abogado Luis Guillén, defensor de Jeanine Añez, afirmó que durante este tiempo el Ministerio Público no ha logrado establecer la comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por lo cual señaló que el juez del caso debe levantar la detención preventiva de oficio.

Este caso fue abierto en la vía penal a denuncia de la exdiputada Lidia Patty y se investigan los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Añez como presidenta. Los casos de Senkata y Sacaba se procesan aparte, en una causa para juicio de responsabilidades.  

Añez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021, acusada de terrorismo, sedición y conspiración. Un día después, el 14 de marzo, la justicia le determinó detención preventiva por cuatro meses para que se realice la investigación, aunque después se amplió ese plazo a seis meses.

El abogado Guillén señaló que el martes se cumplen eso seis meses de investigación y que el Ministerio Público debe sustentar si existieron o no los delitos imputados, para determinar el rechazo o acusación formal.

“Al día de hoy no se nos ha notificado con una acusación, por lo tanto quiere decir que el Ministerio Público no ha logrado en estos seis meses establecer primero si ha0 existido un hecho delictivo de terrorismo, si ha existido un hecho delictivo de sedición, o si ha existido un hecho delictivo del conspiración”, señaló.

Agregó que: “en estos seis meses (el Ministerio Público) tampoco ha logrado establecer cuál sería la presunta participación de la señora Jeanine Añez Chávez, por lo tanto corresponde que el Ministerio Público emita una resolución de rechazo y que la autoridad judicial de oficio, porque ese es su labor del juez que ejerce justamente control jurisdiccional bajo las modificaciones de la ley 1173, debe de oficio levantar la prisión preventiva de la exmandataria”.

El jurista aclaró que hasta la fecha no ha existidito audiencia para que la Fiscalía solicite ampliar el tiempo de investigación, alegando que aún le falta realizar diligencias, por lo tanto la defensa espera que el juez cumpla la obligación de levantar la detención.

Este caso se desarrolla ante el Juzgado 10º de Instrucción en lo Penal, a cargo del juez Armando Zeballos.

Sin embargo, aún pesa sobre Añez un segundo proceso, el cual se desdobló del caso “golpe de Estado”. En este otro proceso se acusa a la exmandataria de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, debido a la forma en que asumió la presidencia el 2019.

En ese segundo proceso Añez también cuenta con detención preventiva, dictada a inicios de agosto y por un tiempo de seis meses. Es decir que si consigue libertad en el proceso por terrorismo, sedición y conspiración, aún estaría detenida por el proceso de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

ERBOL

Wilfredo Chávez aseguró que no se demostró “la urgencia” del estado de salud de la exmandataria para ser beneficiaria de dicho recurso.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes que esa instancia pidió que se declare “inadmisible” la solicitud de medidas cautelares para la expresidenta Jeanine Añez y su hija, Carolina Ribera, solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El argumento esgrimido por Chávez es que no se demostró “la urgencia” del estado de salud de la exmandataria para ser beneficiaria de dicho recurso.

“Como Estado hemos encontrado que no existen elementos que fundamentan la solicitud de medidas cautelares y hemos pedido que se declare inadmisible (…). No consideramos que existan causales, menos que hayan convergido los elementos de la solicitud”, dijo Chávez en conferencia de prensa.

El procurador aseguró que “se cumple con todos los estándares internacionales” con relación a la detención de la exmandataria.

“Se ha tomado en cuenta los exámenes médicos suscritos. En consecuencia, esos informes dan cuenta que efectivamente no se encuentra en el estado que se alega en la solicitud de medidas cautelares. No convergen los elementos, requisitos de gravedad, que es un elemento sustancial para este tipo de medidas; tampoco se ha acreditado la urgencia, dado que el informe médico que se ha requerido”, apuntó.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez solicitó a la CIDH que otorgue medidas cautelares de protección en favor de la expresidenta transitoria, al considerar que tiene distintos padecimientos físicos y mentales que pueden no estar siendo bien atendidos en el penal donde se encuentra.

Añez guarda casi seis meses de detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, acusada de sedición, terrorismo y conspiración en el caso del supuesto “golpe de Estado”.

Pagina Siete

El Ministro usó un video de 2020 para explicar las circunstancias en las que murió el policía Miguel Ángel Quispe, este año. La grabación fue presentada durante el informe oral brindado el pasado lunes.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una petición de informe en la Cámara de Diputados el pasado 7 de septiembre, presentó imágenes que corresponden a un hecho sucedido en 2020 en los Yungas, como si fueran de julio de este año cuando murió el policía Miguel Ángel Quispe. El hecho fue denunciado por el periodista Galo Hubner y fue corroborado por la revisión de Bolivia Verifica.

El informe

El diputado de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi explicó a Bolivia Verifica, que se hizo la solicitud al ministro de Gobierno para conocer las circunstancias en las que falleció este año el oficial Miguel Ángel Quispe.

Por este requerimiento, el ministro se presentó el lunes 7 de septiembre de 2021 ante la comisión de diputados. Al brindar su informe, Castillo proyectó el video de 2020 (minuto 13) y afirmó:

“En el video que les voy a mostrar antes de responder la primera pregunta, vamos a poder evidenciar que ya tenemos identificados a todo este grupo de personas. Luego de haberse producido la muerte del efectivo policial y luego de haberse retirado la policía, hay un grupo de jóvenes que empiezan a consumir bebidas alcohólicas y empiezan a generar terror y zozobra en el lugar, vemos como empiezan a destruir los focos de las viviendas, empiezan a entrar a las casas y están disparando armas de fuego, se ve que hay una persona abajo donde está el foco de luz, aparentemente un miembro o militante del MAS y empiezan a gritar que van a incendiar la casa de “masunco”.

El video es de 2020 pero fue presentado como actual

El ministro de Gobierno presentó el audiovisual como si correspondiera a esta gestión pero hay elementos contundentes que confirman que se trata del video del año 2020 publicado por Radio Yungas.

El video original disponible en la página de la radio tiene una duración de 2 minutos y 10 segundos. El que presentó el ministro es un fragmento del último minuto del original.

Hubner precisó a Bolivia Verifica que el video proyectado por el ministro de Gobierno en su informe oral corresponde en realidad a los enfrentamientos sucedidos al final de una asamblea de cocaleros en la regional San Juan de Tocoroni a finales de agosto de 2020. Ese suceso quedó registrado en una transmisión en vivo de Radio Fm Bolivia en agosto del año pasado. Sobre el mismo tema, la Alcaldía de Coripata se refirió al conflicto.

Pagina Siete

Mediante una nota enviada al vicepresidente David Choquehuanca, solicitó que el Senado apruebe el nombramiento de la exdiputada del MAS.

El presidente Luis Arce designó a la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sonia Brito como embajador extraordinaria de Bolivia en Italia. La nota para que el Senado apruebe este nombramiento ya fue remitida a la instancia legislativa.

El pasado 5 de agosto, la exparlamentaria fue vista cuando lideraba los grupos de choque del MAS que se enfrentaron con activistas de La Paz. Los ciudadanos tenían previsto realizar una marcha en rechazo al cierre del caso fraude electoral

En diciembre del año pasado, el nombre de Brito estuvo sonando como una de las posibles candidatas del MAS para las elecciones subnacionales de 2021, para el municipio de La Paz.

Pagina Siete

Para quienes tienen opción de retirar hasta el 15% si su saldo ahorrado es Bs 50.000, podrán retirar Bs 7.500; si su saldo es Bs 100 mil, retirarán Bs 15.000.

Tras la promulgación de la  ley que establece de manera excepcional y por única vez la Devolución Parcial o Total de Aportes efectuados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los asegurados deben tomar en cuenta que esto está en función al saldo ahorrado en la Cuenta Personal Previsional (CPP).

La reglamentación estará lista en 10 días y  después de  que se apruebe,  los asegurados podrán realizar los retiros.

Ejemplos de devolución

Una primera opción que establece la  ley es la  devolución parcial de hasta del 15% para asegurados que tengan como saldo en su  CPP  un monto igual o menor a  100 mil bolivianos, independientemente de su edad.

Por ejemplo si su saldo es 1.000 bolivianos, le corresponderán 150 bolivianos; si el saldo es 10.000 bolivianos  podrá retirar  1.500 bolivianos.

Si el saldo en la CPP es de 20.000 bolivianos el retiro  será de  3.000 bolivianos  y si el saldo es 40.000 bolivianos, la devolución de  6.000 bolivianos. Si el saldo fuera 100 mil bolivianos el asegurado podrá retirar 15.000 bolivianos, según datos de la Dirección de Pensiones del Ministerio de Economía (observar gráfica).

La segunda opción es   devolución total del 100% para asegurados que cuentan con 50 años de edad o más y tengan como saldo en su  CPP  un monto igual o menor a 10.000 bolivianos.

En este caso si el saldo es 5.000, 6.000 o hasta 10.000 bolivianos se devolverá todo el ahorro.

La tercera opción es devolución parcial de hasta  15.000  bolivianos para asegurados que tengan como saldo en su  CPP  un monto mayor a 100 mil bolivianos, independientemente de su edad.

 El monto de retiro tiene ese límite  en este caso incluso para quien tiene un saldo de más de un millón de bolivianos

El Ministerio de Economía recuerda que si el asegurado decide acogerse a la Devolución Parcial o Total de Aportes tiene que tomar en cuenta que puede poner en riesgo la posibilidad de beneficiarse de una pensión de vejez o pensión solidaria,  ya que posiblemente no cuente con el número de aportes requeridos para acceder a una renta vitalicia y, por ende, no tendrá el acceso al seguro de salud.

Los interesados  deben evaluar  si se tiene una necesidad extrema o de suma urgencia para solicitar la devolución de aportes. Quienes lo hagan  podrán reponerlos  más los rendimientos que éstos hubieran generado, para no perder  los beneficios que establece el Sistema Integral de Pensiones (SIP).

Para acceder al retiro, los interesados no deben  estar percibiendo un ingreso del sector público o privado al último día calendario del mes anterior de promulgada la ley. No haber hecho aportes desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público. No percibir un beneficio del SIP  en curso de pago como la pensión de vejez, pensión solidaria de vejez o pensión por invalidez o muerte.

Pagina Siete

Lourdes Doria Medina fue aprehendida en Santa Cruz, trasladada a La Paz, donde prestó su declaración en la Fiscalía por una denuncia de presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

En un sorpresivo operativo en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Santa Cruz, la Policía aprehendió la tarde de ayer a Lourdes Doria Medina viuda de Urriolagoitia, la hermana del líder de Unidad Nacional (UN) y empresario  Samuel Doria Medina.

Después de trasladarla a La Paz, donde prestó una declaración informativa en la Fiscalía, la hermana del político fue liberada en horas de la noche.

Su abogado defensor, Horacio Acosta, indicó a los medios que hubo una “mala interpretación”, aclaró que fue aprehendida para que presente una declaración informativa y que el motivo de su viaje al exterior era exclusivamente para atender su delicado estado de salud.

“En este momento ella está retornando a su domicilio porque en realidad lo que ha habido tal vez es una mala interpretación del viaje que ella estaba realizando desde la ciudad de Santa Cruz. El motivo de su viaje era por salud, su viaje es muy importante para ella, no estaba yendo de vacaciones, ni mucho menos yéndose definitivamente del país, eso es absolutamente falso”, reiteró Acosta.

El jurista evitó referirse a la denuncia que pesa contra Lourdes Doria Medina y argumentó que la Fiscalía “está en el inicio de las investigaciones preliminares”, por lo que sería desatinado explicar el tema de fondo.

A fines de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó el informe de la comisión especial mixta que investigó el escándalo de los “papeles de Panamá”, informe que fue enviado a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y al Servicio de Impuestos Internos. Entre las empresas investigadas está la empresa Akapana, de propiedad de la familia Doria Medina, y su presunta relación con los “papeles de Panamá”.

La aprehensión

El director nacional de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen, Alberto Aguilar, informó a Unitel que Lourdes Doria Medina fue aprehendida a las 14:50 ,  cuando intentaba tomar un vuelo al exterior del país.

El jefe policial dijo que sobre Doria Medina pesa una denuncia por presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y manipulación de ganancias ilícitas, denuncia por la que fue citada a declarar en la Fiscalía, orden que no habría cumplido. Ante ese hecho, se activó la alerta migratoria que impidió su salida del país.

“No se presentó a declarar de acuerdo a la información que tenemos y el Ministerio Público ha librado esta orden de aprehensión”, explicó Aguilar.

Doria Medina viuda de Urrilagoitia, al momento de su aprehensión en Santa Cruz, fue trasladada a La Paz en un gran operativo que desplegó la Policía con por lo menos seis oficiales vestidos de civil que rodeaban a la mujer.

Posteriormente, al promediar las 18:00 llegó al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde se desplegó la misma modalidad y fue llevada directamente a las oficinas de la Fiscalía, donde presentó una declaración informativa.

Al momento de llegar a dependencias de los administradores de justicia, la hermana del político evitó dar declaraciones a la prensa.

Familia

A través de su cuenta en Twitter, Samuel Doria Medina dijo que detuvieron a su hermana por una “confusión”, aseguró que ella no maneja las empresas de su familia y lamentó el hecho.

“Mi hermana Lourdes fue detenida por una confusión. Tiene 74 años, viajaba para atender su salud. Ella no trabaja en las empresas familiares y no tenía ningún impedimento para viajar. Lamento profundamente que sucedan estas cosas en Bolivia. Ella fue liberada”, posteó el líder de UN.

Asimismo, la familia Doria Medina publicó un comunicado en que dice que Lourdes Doria Medina fue detenida por un proceso judicial relativo a una empresa de su familia y que el viaje de ella fue malinterpretado.

“La detención se produjo en el aeropuerto Viru Viru porque el viaje de nuestra familiar a España para atender su salud fue malinterpretado por las autoridades”, dice parte del comunicado.

Repercusiones

La aprehensión de la hermana de Samuel Doria Medina sorprendió a los políticos de la oposición, que calificaron el hecho como un acto de venganza contra el líder opositor y un amedrentamiento contra su persona y su familia por los sucesos de 2019.

“No encontraron nada en contra de Samuel Doria Medina y ahora atacan a su familia, confirman que la hermana de Samuel fue aprehendida en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz y ahora es trasladada hasta la ciudad de La Paz. La venganza del Tirano fracasado no tiene límites”, escribió en sus redes sociales el exdiputado de Unidad Demócrata  Amilcar Barral.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC)  Alberto Astorga  se declaró sorprendido por la aprehensión de Lourdes Doria Medina y dijo que esta es una prueba más que demuestra que la justicia y el Ministerio Público son sometidos a los intereses del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Esto parece que es  nuevamente una persecución política, no pueden encontrar ninguna prueba contra los líderes opositores  que estamos  en los distintos niveles y como no hallan nada, están buscando a la familia y una clara muestra es lo que está sucediendo con la familia de Samuel Doria Medina”, afirmó Astorga.

El legislador manifestó su solidaridad con Doria Medina y lamentó que a diario se sumen los perseguidos políticos.

6 horas estuvo aprehendida la hermana de Doria Medina, que tiene 74 años.

“Ella no trabaja en las empresas familiares y no tenía  impedimento para viajar. Lamento  que sucedan estas cosas en Bolivia”.

Samuel Doria Medina

Pagina Siete