El Comité Pro Intereses de Tarija expresó su preocupación por la escalada de conflictos y bloqueos registrados en el país, advirtiendo que algunas movilizaciones dejaron de tener únicamente demandas sociales para asumir características que, según la institución cívica, ponen en riesgo la seguridad, la economía y los derechos de la población boliviana.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el presidente cívico Jesús Gira señaló que hace semanas la institución ya había planteado la necesidad de que el Gobierno Nacional analice la posibilidad de declarar un estado de emergencia antes de llegar a medidas más extremas como un estado de sitio. Explicó que esta figura permitiría coordinar acciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la libre circulación en el país.
Gira sostuvo que la Constitución Política del Estado establece mecanismos coercitivos para hacer cumplir la ley y preservar el orden democrático cuando existen hechos que vulneran los derechos de la ciudadanía. En ese marco, afirmó que actualmente algunos grupos movilizados estarían incurriendo en acciones radicales que ya no responden únicamente a reivindicaciones sociales, sino a conductas que calificó como delictivas, debido a denuncias de saqueos, amenazas y afectaciones a terceros.
El dirigente cívico manifestó además que un eventual decreto de emergencia podría incluir controles conjuntos para investigar el financiamiento de las movilizaciones y determinar el origen de los recursos utilizados en bloqueos y protestas. Señaló que la situación económica del país ya es bastante delicada y que continuar con medidas de presión prolongadas solo agrava las pérdidas para productores, comerciantes, transportistas y distintos sectores de la población.
Asimismo, lamentó que existan sectores que, según afirmó, estarían cerrando la posibilidad de diálogo y radicalizando sus posiciones en medio de la crisis nacional. En particular, cuestionó algunas movilizaciones del magisterio y otros sectores sociales, indicando que la confrontación no es el camino adecuado para resolver las demandas pendientes que existen en el país.
Finalmente, Jesús Gira advirtió que no se puede esperar a que ocurran hechos más graves o incluso pérdidas humanas para asumir decisiones firmes. Remarcó que el país necesita soluciones mediante el diálogo y la institucionalidad democrática, pero también acciones concretas que permitan restablecer el orden, proteger a la población y evitar mayores daños económicos y sociales en Bolivia.
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