La Gobernación de Tarija exige a la Asamblea Legislativa Departamental avanzar con la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2027, cuyo presupuesto programado alcanza los Bs 595 millones, en un escenario marcado además por el incremento del precio del diésel y la preocupación por la capacidad financiera que tendrá el departamento para ejecutar los recursos previstos.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, el secretario de Economía y Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT), Fernando Romero, sostuvo que la Gobernación cumplió con las directrices presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y pidió que el Legislativo departamental acelere el tratamiento del documento. “Estamos esperando que el POA sea aprobado en el menor tiempo posible. Se ha cumplido con las directrices presupuestarias emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero existen trabas de carácter político que no tienen sentido”, afirmó.
El funcionario señaló que uno de los puntos de controversia está relacionado con las actas de socialización exigidas por la Asamblea. Romero sostiene que no existe una normativa nacional ni departamental que establezca dichas actas como requisito específico, aunque reconoce que el POA fue socializado y trabajado con diferentes sectores. La ALDT, por su parte, ha señalado que requiere documentación que respalde la participación social en la formulación presupuestaria antes de continuar con el tratamiento.
El POA 2027 contempla un 64% destinado a inversión pública, según explicó Romero, incluyendo proyectos, programas y transferencias. Entre las áreas priorizadas se encuentran salud, desarrollo productivo y turismo, además de programas sociales y recursos destinados a los municipios. La propuesta presupuestaria fue remitida a la Asamblea para su tratamiento y posterior envío al nivel central, una vez que cumpla con el proceso de aprobación correspondiente.
Romero también detalló que aproximadamente el 85% de los recursos contemplados sería administrado directamente por la Gobernación, mientras que cerca del 15% corresponde a transferencias a gobiernos municipales y otras entidades. Sin embargo, aclaró que el monto de Bs 595 millones representa una programación presupuestaria y no necesariamente la cantidad de dinero que estará disponible en las cuentas departamentales durante la próxima gestión.
En ese sentido, el Secretario de Economía y Finanzas advirtió que la situación fiscal de Tarija continúa siendo delicada debido a la disminución de los ingresos provenientes de la renta petrolera. Señaló que esta dependencia limita la capacidad financiera del departamento y que el incremento del precio del diésel podría generar una presión adicional sobre los recursos destinados tanto al funcionamiento como a la inversión pública.
Frente a este escenario, Romero planteó la necesidad de que el Gobierno nacional considere mecanismos de apoyo financiero para las gobernaciones. El funcionario advirtió que, aunque el presupuesto pueda ser aprobado formalmente, existe el riesgo de que los recursos efectivamente disponibles sean menores a los montos programados, situación que podría dificultar la ejecución de proyectos y programas durante 2027.
La preocupación se profundiza por el impacto que el nuevo precio del diésel puede tener sobre las actividades departamentales que requieren combustible para su funcionamiento y para la ejecución de obras. Por ello, desde la Gobernación se plantea que la situación debe ser analizada de manera integral, considerando no solamente la aprobación del POA, sino también la disponibilidad real de recursos para cumplir con las obligaciones y proyectos previstos.
Finalmente, la Gobernación mantiene su pedido para que la ALDT concluya el tratamiento del POA 2027, mientras sostiene que las observaciones pendientes deben ser atendidas sin prolongar el proceso. Paralelamente, Romero exhortó al Gobierno nacional a considerar la situación financiera de Tarija ante el nuevo escenario generado por el incremento de los combustibles, advirtiendo que la aprobación de un presupuesto de Bs 595 millones no garantiza por sí sola que el departamento cuente con toda esa liquidez para ejecutar lo planificado.
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