La Alcaldía de Tarija, junto con instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y la defensa de los consumidores, activó nuevas acciones de control ante las denuncias de incrementos de precios y cobros considerados irregulares en distintos servicios, en un escenario marcado por el retiro de la subvención al diésel y sus efectos sobre la economía de las familias. La determinación busca evitar que la actual coyuntura derive en aumentos unilaterales o prácticas de especulación.
En diálogo con El Guadalupano Periódico Digital, la autoridad municipal explicó que se elaboró un plan de trabajo destinado a enfrentar esta situación y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. La medida fue abordada en una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana de Tarija, donde participaron representantes del Gobierno Municipal, Concejo Municipal, Ministerio de Gobierno, Ministerio Público y otras instancias relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores.
Durante el encuentro se definió la conformación de tres comisiones multidisciplinarias que tendrán diferentes responsabilidades de fiscalización. La intención, según la explicación municipal, es fortalecer la presencia institucional en mercados, calles y espacios donde puedan registrarse incrementos injustificados, ocultamiento de productos o cobros que no estén respaldados por las autoridades competentes.
La primera comisión estará orientada al control de los centros de abastecimiento y mercados de la ciudad. Sus tareas estarán enfocadas en verificar la disponibilidad de productos, identificar posibles casos de ocultamiento y controlar los precios, con el propósito de evitar prácticas de agio y especulación que puedan afectar directamente a la economía familiar. Las autoridades anunciaron que, ante la identificación de infracciones, se aplicarán las medidas que correspondan conforme a la normativa.
Un segundo equipo estará destinado específicamente al transporte y contará con la participación de Movilidad Urbana, la Guardia Municipal y el Ministerio Público. Esta comisión realizará controles sobre taxis, trufis y micros, especialmente después de que se conocieran denuncias sobre cobros superiores a las tarifas habituales.
Según los datos expuestos por las autoridades, algunos usuarios habrían reportado cobros de entre Bs 7 y Bs 12 en servicios de taxi, frente a montos que anteriormente se encontraban en rangos inferiores.El control sobre el transporte se desarrolla además en medio del debate generado por el incremento del precio del diésel. La Alcaldía de Tarija mantiene congeladas las tarifas del transporte público urbano mientras se realiza un nuevo estudio técnico, y ha advertido que los operadores no pueden establecer incrementos de manera unilateral.
La tercera comisión tendrá la responsabilidad de trabajar en el estudio tarifario integral del transporte público. Este proceso deberá considerar la estructura de costos del servicio y el impacto que cualquier eventual modificación pueda generar en los usuarios. La propuesta contempla además tomar en cuenta las tarifas diferenciadas que corresponden a sectores como adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, antes de adoptar una determinación definitiva.
El escenario municipal se produce mientras continúa el debate sobre el impacto del Decreto Supremo 5716, que elevó el precio del diésel a Bs 17,95 por litro y generó reclamos de diferentes sectores en Tarija. En paralelo, las juntas vecinales y otros actores sociales también demandaron medidas para evitar que el incremento del combustible termine trasladándose de manera descontrolada a los precios de productos y servicios.
Finalmente, la Alcaldía anunció que los controles continuarán durante los próximos días y pidió a la población reportar posibles cobros excesivos o incrementos injustificados. Las autoridades buscan que la actual coyuntura económica sea atendida mediante mecanismos institucionales de fiscalización, diálogo y análisis técnico, evitando que los efectos del incremento del combustible se traduzcan en perjuicios adicionales para las familias tarijeñas.
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