La Asamblea Legislativa Plurinacional inició la tarde de este lunes el debate del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2023. El ala evista del MAS y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos rechazaron la aprobación de una disposición adicional «persecutoria» de ese borrador de norma.
El Legislativo trata este proyecto de ley luego de que el mismo no pudo ser sancionado por las cámaras de Diputados y Senadores, ya que ambas instancias la aprobaron con modificaciones. El ala arcista del MAS advierte que sin la sanción de esta norma, se evita dar mayor presupuesto a gobiernos subnacionales y universidades. Pero el ala evista del MAS y la oposición cuestionan que se quieran aprobar artículos que no están relacionados directamente con el presupuesto.
Por el lado del cuestionamiento, los diputados Héctor Arce, del ala evista del MAS, y Luisa Nayar (CC) y la senadora Centa Rek, rechazaron la aprobación de la disposición adicional séptima, por considerarla «persecutoria», ya que dejaría abierta la posibilidad de denunciar a una persona, que puede ser un empresario o comerciante, entre otros, ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por cualquier operación bancaria sospechosa, sin respecto al secreto bancario y a la presunción de inocencia.
Arce indicó que la disposición adicional séptima indica lo siguiente: «Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionarios responsables de miembros de la unidad de cumplimiento y o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF, de buena fe, operaciones sospechosas con independencia, estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal por la transgresión de alguna certificación de relación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte cualquiera fuera su naturaleza. Queda prohibido revelar el hecho de que está entregando a la UIF un reporte de operaciones sospechosas por la información relacionada al mismo con el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual goza los mismos».
Ese artículo también es cuestionado por asambleístas de las alianzas de la oposición de ser «persecutoria», ya que deja abierta la posibilidad de acusar a cualquier persona, sin respetar sus garantías constitucionales.
«Quiero alertar al pueblo boliviano que, a través de esta disposición transitoria, se está creando funcionarios súper poderosos, se está blindando a servidores públicos de la ASFI para que puedan meter sus manos sucias y perseguir, acosar intimidar con denuncias fantasiosas y políticas (…) principalmente las familias que se dedican a la economía informal que no van a poder demostrar por qué tienen uno o dos lotes o uno o dos camiones. (Ellos) mañana van a ser perseguidos, acosados penalmente», advirtió Arce.
Rek (Creemos) dejó en claro que los legisladores tienen la voluntad de aprobar el PGE reformulado, pero sin disposiciones adicionales «persecutorias».
Señaló que alcaldes y otras entidades públicas deben realizar su demanda, de aprobación de este proyecto de ley, ante el presidente Luis Arce, quien «está atentando contra el pueblo boliviano al introducir de contrabando siete disposiciones adicionales controvertidas y que no tienen que ver con el espíritu de la ley financial modificada».
Por su lado, la asambleísta Magaly Gómez, del ala arcista del MAS, aseguró que esta disposición no está destinada a empresarios o comerciantes, como dicen los arcistas y la oposición, sino a funcionarios de entidades financieras, para que sus denuncias eviten irregularidades, como las detectadas para el cierre del banco Fassil.
El diputado Arce dijo que si se aprueba esta norma con la disposición adicional séptima cuestionada, presentará un recurso de inconstitucionalidad abstracta en contra de la misma, por vulnerarse garantías constitucionales a favor de la ciudadanía.
Alcaldes y autoridades ediles exigen la aprobación de esta norma, con el argumento de que ya no tienen recursos económicos en sus gobiernos para enfrentar una serie de situaciones, como la sequía e incendios, entre otros.Pasadas las 19:00 de este lunes, la Asamblea cumplía más de tres horas de debate sobre estos y otros aspectos del proyecto de ley del PGE reformulado.
Los Tiempos
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