Una serie de observaciones a las siete disposiciones adicionales que el Ejecutivo introdujo en el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado hacía demorar anoche la aprobación de esta normativa. La oposición y el ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) sostienen que vulneran las autonomías de los Gobiernos departamentales y universidades.
En una jornada maratónica que se inició al promediar las 15:30, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) antes de ingresar en la etapa deliberativa del proyecto normativo a las 21:47, abordó el tema por más de seis horas, trabajo que se desarrolló bajo la presión de autoridades afines al arcismo, que exigían aprobar la normativa en su integridad.
El oficialismo arcista determinó considerar el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados con las siete disposiciones adicionales, dejando de lado el documento aprobado en el Senado, que rechazó las inclusiones.
En su afán de apurar la aprobación del documento tal cual envió el Ejecutivo, los renovadores plantearon “suficiente discusión” a las 22:14. En primera instancia Choquehuanca, en su calidad de presidente nato de la ALP, dio el documento por aprobado, pero ante la protesta en el pleno se reiteró la votación y se evidenció que sólo 51 asambleístas apoyaban la “suficiente discusión” y 66 pedían continuar con el debate.
Observaciones
Los legisladores que rechazaron los artículos adicionales, observan la tuición que se da al Ministerio de Economía, a través del Viceministerio del Tesoro, realizar débitos automáticos de las cuentas fiscales de los Entes Gestores de Salud y de las empresas públicas del nivel central del Estado que hubieran incumplido con las transferencias a favor del Tesoro General.
Asimismo, cuestionaron la creación del Fondo de Fomento de Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, debido a que éste ya se encuentra determinado por las universidades a través de sus autonomías.
Por otra parte, se observó que se incorpore la asignación de recursos adicionales del TGN en favor de la Procuraduría General del Estado (PGE) para cumplir con algunas obligaciones, toda vez que esa institución lo único que hizo fue perder los casos abiertos contra el Estado, lo que significó millonarias pérdidas.
También se cuestionó que se dé un suprapoder a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para requerir información de grupos financieros.
Opositores apoyan sólo el PGE y no las adicionales
Los legisladores que cuestionan las disposiciones adicionales afirmaron que aprobaron los cuatro artículos que hacen al PGE reformulado, pero que mantendrán su rechazo a los de “contrabando”.
Ante la falta de acuerdos, el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, declaró cuarto intermedio tras instalar una nueva sesión, para intentar viabilizar el tema.
Los Tiempos
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