Las diferentes cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras de todo el país descartaron participar de la reglamentación de la Disposición Adicional Séptima del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2025 y demandaron su eliminación.
En un comunicado conjunto, el sector expresó su “firme y categórico rechazo” a la normativa observada que se encuentra actualmente en tratamiento en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.
“El sector privado, en ejercicio de su compromiso con el desarrollo económico del país, anuncia que no participará en procesos de reglamentación relacionada con la citada disposición”, señala el pronunciamiento.
La Disposición Adicional Séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Las cámaras instaron al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a no aprobar normativa ya que consideran que vulnera “derechos fundamentales como libertad de producción y comercialización, consagrados en La Constitución Política del Estado”.
“Alertamos qué, de aprobarse la norma, se profundizará el clima de inseguridad jurídica, ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras en detrimento de la economía nacional, en un escenario en que urge aumentar la producción y exportar”, señala el pronunciamiento.
Las cámaras advirtieron que la aplicación de la Disposición Adicional en cuestión generará un entorno “propenso a la arbitrariedad y a la extorsión de funcionarios públicos, incentivando la informalidad y con efectos negativos directos como el desabastecimiento de productos alimenticios esenciales, afectando gravemente a la población”.
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