El asambleísta departamental José Yucra expresó su firme respaldo a la reciente resolución emitida por la jueza Lilian Moreno, en el marco del caso que involucra al expresidente, la anterior orden de aprehensión dictada contra Morales carecía de fundamentos legales sólidos y respondía más a una motivación política que a criterios jurídicos objetivos. En ese sentido, destacó que la decisión de la jueza Moreno constituye un acto de restitución del debido proceso y de respeto a la normativa constitucional vigente, en contraposición con lo que calificó como un uso arbitrario del sistema judicial para fines políticos.
Desde su posición como legislador en la Asamblea Departamental, Yucra señaló que el proceso impulsado por la fiscal Sandra Gutiérrez y avalado por el juez Rocabado vulneró gravemente la legalidad, al ignorar una sentencia constitucional que ordenaba el traslado del cuaderno de investigaciones a la jurisdicción de Cochabamba. “Al desconocer esa orden se incurrió en una falta grave que no puede quedar impune, pues representa un acto de desacato institucional”, aseveró. Para el asambleísta, este tipo de decisiones judiciales no solo desconocen el ordenamiento legal, sino que también comprometen la legitimidad del sistema de justicia en su conjunto.
Yucra manifestó su preocupación por la manera en que se vulneraron garantías procesales básicas durante este proceso, lo cual, en su criterio, constituye una muestra clara del manejo parcializado de la justicia y de la influencia de intereses ajenos a la ley. “No estamos hablando de un simple error administrativo o de interpretación legal. Se trató de una decisión consciente, adoptada en contravención directa a un fallo constitucional, lo que evidencia una intencionalidad política detrás del accionar judicial”, subrayó. En esa línea, sostuvo que este tipo de prácticas deterioran la confianza de la ciudadanía en el aparato estatal y crean un clima de incertidumbre jurídica.
Ante esta situación, el asambleísta anunció que propondrá formalmente que el Ministerio Público inicie de oficio acciones legales contra quienes resulten responsables de haber desacatado la disposición judicial referida. Según explicó, existen suficientes elementos de prueba para abrir una investigación que determine posibles responsabilidades penales por el incumplimiento de una resolución constitucional. Esta propuesta busca, además, sentar un precedente que impida que decisiones judiciales de similar naturaleza vuelvan a repetirse sin consecuencias legales.
Yucra también fue crítico con la actitud de ciertos sectores del poder judicial que, tras conocerse el fallo favorable a Evo Morales, habrían intentado presionar a la jueza Moreno con acusaciones de prevaricato. Calificó de alarmante que se cuestione la independencia de un juez en el momento en que su decisión no responde a los intereses de determinados grupos de poder. “Es preocupante ver cómo, cuando la justicia actúa con autonomía y en el marco de la legalidad, inmediatamente se la pretende desacreditar o castigar. Esa es una señal clara de que hay sectores que no quieren una justicia imparcial, sino una justicia a la medida de sus intereses”, sostuvo con firmeza.
Finalmente, el legislador departamental hizo un llamado urgente a respetar la independencia del sistema judicial y a cesar el uso del aparato de justicia como herramienta de persecución política. Afirmó que Bolivia atraviesa un momento decisivo en el que se debe optar por un fortalecimiento institucional real, basado en el respeto a los principios democráticos y al Estado de derecho. “Hoy más que nunca necesitamos que la justicia actúe sin presiones externas, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin distinciones ni motivaciones partidarias”, concluyó Yucra, reiterando su compromiso con una democracia plena y con un sistema de justicia verdaderamente independiente.
