El representante de las víctimas de la Masacre de Sacaba, Ismael Marquina, informó este jueves que se hará un censo nacional para identificar a los fallecidos, los heridos, los detenidos y los torturados durante el golpe de Estado de 2019.
“Se va a realizar un censo a nivel nacional de todas las víctimas. Eso ya generaliza todo, entonces vamos a diferenciar por departamento cuántos afectados existen (…). Se va a cuantificar el total de los afectados a nivel nacional”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.
El dirigente explicó que la determinación fue tomada en una reunión realizada el miércoles entre las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, en la cual se consensuó la consigna de luchar como un solo grupo y pedir a “una sola voz” que se haga justicia por los hechos de violencia registrados durante la ruptura constitucional.
Según Marquina, el censo nacional tomará en cuenta que los ministerios de Salud y Justicia que tienen listas y fueron los responsables de evaluar y catalogar a un familiar de un fallecido, de un herido y un detenido.
Además, manifestó que se considerará también que en el departamento de Cochabamba se tiene dos sectores de víctimas que son del puente de Huayllani, del municipio de Sacaba, y la zona Sur de la ciudad capital, quienes llegaron a la decisión de unificar su lucha a nivel departamental.
“Yo puedo hablar de mi organización, que somos los afectados de Sacaba – Huayllani, tenemos los 11 fallecidos de Cochabamba, tenemos los 102 heridos y 48 detenidos que hemos sido encarcelados”, detalló.
El representante de las víctimas de la Masacre de Sacaba explicó que la necesidad de contar con el censo nacional se consideró porque el gobierno de facto de Jeanine Áñez aprobó el Decreto Supremo 4100, que instruyó el pago de un resarcimiento económico para las víctimas de las masacres, pero sin el derecho de reclamo posterior de otros beneficios.
El Decreto Supremo 4176 enmarcó, por otro lado, solamente a los familiares de los fallecidos y los heridos, complementó.
Además, recordó que varias de las víctimas no se presentaron para solicitar una reparación de daños durante el régimen de Áñez por el temor a represalias, entre otros problemas.
“Había una cacería de dirigentes. Entonces, el que decía ser dirigente de algún sector, de algún afectado, ya inmediatamente empezaba la persecución, el seguimiento, el hostigamiento (…). Nosotros aún estábamos encarcelados, estábamos heridos, porque muchos heridos de Sacaba seguían postrados en su cama, no podían caminar y tramitar alguna documentación”, indicó.
El dirigente dijo que se analizó, por otro lado, que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI – Bolivia) ratificó que hubo masacres y hechos de violencia en varias regiones del país y recomendó efectuar una reparación integral para los familiares de los fallecidos, los heridos, los procesados y los torturados.
ABI
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