El pasado lunes 14 de mayo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, planteó una reforma constitucional para que los bolivianos puedan decidir si se mantiene o no el voto popular con miras a destrabar el proceso hacia las elecciones judiciales.
“La población, si acaso ve en las elecciones judiciales demasiada dificultad política por la extrema politización de estas elecciones con miras a las elecciones presidenciales, plantee y debata una reforma constitucional para que sea la población la que decida si continúa el voto popular o acaso se dé el mecanismo empleado por los diferentes países para la designación de altas autoridades judiciales”, indicó Jaimes.
En contacto con Los Tiempos, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, afirmó que las condiciones para una posible reforma constitucional en el país no están dadas: “El ambiente está altamente politizado y proponer una reforma no sólo llevaría un largo tiempo, sino que actualmente no existe una voluntad política.
Barrientos indicó que, cuando menos, este proceso llevaría de 6 a 8 meses: “Esto tomando en cuanta un escenario expedito, cosa que no creo que se pueda dar.
De todas maneras, nosotros daremos la lucha para llevar adelante las elecciones judiciales”, puntualizó la legisladora.
Reforma parcial
Por su parte la abogada Carolina Orías Durán advirtió que se tendría que realizar una reforma parcial: “En ese orden de cosas yo veo dos aspectos a tomar en cuenta, primero, la iniciativa ciudadana que debe conseguir el 20% de firmas del padrón electoral o tratar el tema en la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de una ley de reforma aprobada por dos tercios de los presentes.
Según la abogada Orías, existiría otra limitante para llevar adelante una reforma constitucional, la falta de recursos económicos.
El pasado 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando, compuesta por los vocales Celsa Salazar Rodas y Jorge Luis Sotelo Beltrán, dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea al dar curso al amparo planteado por Yeri Duri Bautista, presidenta de la Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando, quien denunció que la convocatoria de preselección no garantiza los derechos de las mujeres originarias.
Según nota publicada por Óxigeno, en la parte resolutiva de este documento se especifica que “se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el reglamento de preselección (…), disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo en base a normas que respeten la igualdad material de las personas”.
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