Roxana Lizárraga es acusada por cuatro delitos en el caso de “Armamento no letal” por un préstamo que habría hecho de Ecuador durante los conflictos postelectorales de 2019.
El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó que en el caso “Armamento No Letal – Ecuador”, la Comisión de Fiscales de La Paz emitió imputación formal en contra de la ex ministra de Comunicación Roxana Lizárraga Vera por los delitos de tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes, ya que habría facilitado que agentes químicos de Ecuador ingresen al país, según ERBOL.
A su vez, recordó que el 25 de febrero de este año, se citó mediante Edicto a la exautoridad con la imputación correspondiente, pero no concurrió por lo que se realizará la tramitación correspondiente para la declaratoria de rebeldía y se habilitarán los canales procesales para su captura a nivel nacional e internacional.
Lizárraga, en ese entonces, según El Deber, dijo que ya declaró una vez vía virtual y que la Fiscalía manipula el caso para inculparla. Reconoció las gestiones para el préstamo porque ni la Policía ni las Fuerzas Armadas (FFAA) no tenían agentes químicos y de ese tema tenía conocimiento Morales.
Quispe explicó que la ampliación de la imputación contra Lizárraga se realizó luego de que se identificara que el 15 de noviembre de 2019, participó de una reunión juntamente con el exministro de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López, además de la expresidenta Jeanine Áñez.
“En el Palacio de Gobierno, ella hubiera tomado contacto con personal policial de la República del Ecuador y hubiera acordado que ese país pueda facilitar armamentos, es decir equipos antimotín, gases y demás explosivos que fueron internados a nuestro país de manera irregular”, manifestó.
LOS HECHOS En junio pasado, el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y «municiones de guerra» desde Ecuador hacia Bolivia durante los conflictos postelectorales tras la renuncia Evo Morales.
El año pasado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador «proyectiles y granadas» antidisturbios en una operación que «nunca» fue de conocimiento público y que se manejó con «perfil bajo» de los involucrados.
Los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
La imputación formal fue remitida al juez Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a quien se le solicita la aplicación de medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva en contra de Lizárraga, durante seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
Descartó que se esté actuando políticamente o realizando una persecución políticas porque su compromiso “es defender los intereses de la sociedad”.
Paradero La exministra Lizárraga salió del país rumbo a Perú y poco después de conoció que tramitaba su asilo en EEUU.
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