La comisión mixta retomará el proceso de evaluación de postulantes cuando reciba formalmente la sentencia. La oposición observa la resolución con desconfianza y pide al oficialismo no poner más trabas al proceso
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó la resolución de la Sala Constitucional Primera de Pando y dispuso la continuación del proceso de preselección judicial que fue paralizado con una acción de cumplimiento interpuesta por la abogada Yeny Dury Bautista.
La relatora de la sentencia en acción de cumplimiento fue la magistrada Karem Gallardo que junto a su colega Brígida Celia Vargas, de la Sala Segunda del TCP, resolvió denegar la tutela a la accionante.
“La resolución resuelve revocar en todo la resolución 004/2024 del 30 de abril, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia denegar la tutela solicitada”, indica la resolución firmada por ambas magistradas.
El TCP, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hacer cumplir los principios de paridad de género y garantizar el derecho constitucional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a participar en procesos electorales.
El 30 de abril la Sala Constitucional Primera de Pando, paralizó la preselección de candidatos a magistrados y desde entonces la Asamblea Legislativa mantiene en la incertidumbre este proceso hacia las elecciones judiciales.
La suspensión de las elecciones judiciales comenzó el 16 de abril, cuando la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió una medida cautelar. En esa oportunidad, instruyó la paralización del proceso de preselección hasta que se resolviese el amparo presentado por una aspirante al Consejo de la Magistratura.
La intervención de la justicia frenó el proceso de selección de candidatos y, por tanto, retrasó el cronograma previsto para las elecciones judiciales. Desde la oposición se buscó otras vías de acción que permitieran respetar el acuerdo parlamentario asumido en enero.
El vicepresidente del Estado, y presidente nato de la Asamblea Legislatica Plurinacional, David Choquehuanca, se negó a convocar una sesión del órgano deliberativo para superar el estancamiento. La autoridad desoyó los pedidos de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural.
Más bien, optó por solicitar al TCP que acelere el sorteo para asignar una sala que resuelva el caso.
Optimismo oficialista
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala ‘arcista’ Deisy Choque confía en que al superar esta traba judicial “el camino de aquí en adelante va a estar allanado” para avanzar con el cronograma dispuesto. Eso sí, reconoce la importancia de un acuerdo para ampliar los plazos y concretar la renovación del órgano judicial.
Choque espera que pronto se retome el trabajo de las comisiones mixtas. “Hay que aguardar que se notifique y a partir de eso, inmediatamente, trabajarían las mesas”, afirmó.
Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de evaluación de los postulantes. Una vez completadas las pruebas orales, las comisiones presentarán un informe con las listas de los aprobados a la ALP. Ésta, podrá aprobar o rechazar el informe y las listas. Para ello se requiere los 2/3 de la Asamblea.
Las listas aprobadas en el legislativo se remitirán al Tribunal Supremo Electoral para que organice la elección de magistrados.
¿Qué opina la oposición?
La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional no convence a las filas opositoras. Tanto Carlos Alarcón (Comunidad Ciudadana), como Tatiana Áñez (Creemos) creen que se trata de una cortina de humo y que el fin que proyecta el oficialismo consiste en otorgar el reconocimiento a los magistrados autoprorrogados.
Alarcón calificó la resolución judicial como una “estratagema coordinada entre los usurpadores judiciales con el Gobierno para obtener la validación de los autoprorrogados y lavarle la cara al Gobierno que es el que ha quedado muy mal parado ante la ciudadanía”.
El diputado de CC se mostró escéptico sobre el futuro de las elecciones judiciales, sobre todo por la actitud mostrada por Choquehuanca. “Hay que preguntarle al vicepresidente si va a viabilizar la elección judicial”, sentenció.
Un criterio similar expresó la diputada Áñez, aunque apunta a la labor que pueda realizar la comisión mixta de diputados. “Está conformada prácticamente por ‘arcistas’ y ellos coordinan de manera directa con el Órgano Ejecutivo”, observó.
Además, calificó como “ cortina de humo” el pronunciamiento del TCP y mantiene su temor a que se interpongan nuevas trabas a la elección judicial para impedir un cambio de magistrados.
El Deber
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