La Policía no tiene presencia hace tres semanas en la región central del país. En menos de cinco días
se han reportado dos crímenes de extrema violencia en una zona marcada por la producción de coca
Dos hechos estremecedores, ocurridos con apenas 161 kilómetros de distancia entre sí, revelan una alarmante escalada de violencia en regiones cocaleras clave de Bolivia: Yapacaní y el Trópico de Cochabamba. Ambas zonas, con fuerte actividad de producción de coca, también están marcadas por el avance del narcotráfico, el crimen organizado y una preocupante falta de presencia estatal.
El primer caso ocurrió en Yapacaní, donde Abraham Ortega, de 28 años, fue hallado sin vida a la altura del kilómetro 47 de la carretera Santa Cruz–Cochabamba. Su cuerpo presentaba signos de tortura y al menos 16 impactos de bala. Según el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, Ortega era cuñado de Ariel Villarroel Calle, presunto cabecilla de una organización criminal que opera en el Trópico de Cochabamba, vinculada al sicariato, secuestros, extorsiones y narcotráfico. La hipótesis principal apunta a un ajuste de cuentas entre bandas delictivas por recursos obtenidos de manera ilícita.
Aguilera advirtió ayer que en el Chapare se han registrado acciones destinadas a obstaculizar la presencia del Estado. “Se socapan actividades delictivas y se intenta consolidar una forma de gobierno paralelo”, denunció poco después de recordar el linchamiento de dos hombres en el municipio de Shinahota que tuvo lugar el viernes como otro reflejo de la impunidad y falta de control que impera en la zona.
Este segundo hecho, que conmocionó al país, fue el brutal linchamiento de dos personas en el Trópico de Cochabamba, presuntamente acusadas de robo de vehículos. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó ayer que otras tres personas permanecen retenidas por comunarios, quienes hasta ahora impiden el ingreso de la Policía y el Ministerio Público para realizar el levantamiento legal de los cuerpos y la liberación de los retenidos.
Los cuerpos de las víctimas, identificadas como Richard R.A. y Edson B.F., fueron hallados en condiciones atroces: uno calcinado y atado de pies y manos; el otro colgado, completamente desnudo. Solo una de las víctimas tenía antecedentes penales. Las imágenes del linchamiento, difundidas en redes sociales, provocaron indignación generalizada.
“La brutalidad del hecho no tiene justificación. No se puede permitir que se apliquen castigos al margen de la ley”, declaró luego el coronel Vanderley Flores, director departamental de la Felcc en Cochabamba. Hasta el momento, no se ha logrado ingresar al lugar y no hay detenidos.
Reacciones
La Defensoría del Pueblo condenó estos actos y recordó que los linchamientos son delitos y una grave violación a los derechos humanos. “Tomar la justicia por mano propia solo genera más violencia y miedo”, afirmó la institución en un comunicado. Asimismo, denunció la crisis de acceso a la justicia que vive el país y exhortó a las instituciones estatales a garantizar una investigación oportuna, con respeto al debido proceso y a la vida.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones y evalúa imputar a los responsables por homicidio o asesinato. Mientras tanto, los cuerpos aún no han sido trasladados al IDIF para su identificación formal y autopsia, debido al bloqueo comunitario. La tensión sigue latente en ambas regiones, donde la sombra del crimen organizado y la falta de autoridad refuerzan un clima de desprotección y violencia.
El Deber
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