Desde los candidatos de la oposición hasta los del MAS, ven que uno de los factores de la crisis judicial se debe a la elección de magistrados mediante voto popular y plantean que a futuro se priorice la meritocracia.
De las nueve organizaciones políticas que están habilitadas para participar en las elecciones generales, entre alianzas y partidos, seis proponen en sus planes de gobierno, eliminar la modalidad de elegir por voto popular a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.
En ese afán, proponen reformas estructurales al sistema judicial de Bolivia, que necesariamente implica modificar la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, otra coincidencia de la mayoría de los candidatos y sus organizaciones políticas, es que la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, sea de forma meritocrática.
Entre las organizaciones que proponen eliminar la elección por voto de los magistrados están las alianzas Libre, Unidad, Libertad y Progreso, además de los partidos Súmate, MAS y Morena, mismos que en sus planes de gobierno coinciden en que la profunda crisis del sistema judicial se debe a que las actuales autoridades responden a una línea política desde que la Asamblea Legislativa y sus bancadas intervienen directamente en la preselección de magistrados.
¿Y cuál es el resultado?, un sistema judicial politizado, plagado de corrupción, sin institucionalización y con una credibilidad casi nula.
Y es hasta el propio Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido gobernante que impuso con la implementación de una nueva Constitución Política del Estado, la elección de magistrados por voto desde 2011, el que ahora admite que el actual sistema judicial se caracteriza por la retardación en los procesos judiciales, la falta de independencia judicial.
“El sistema judicial está quebrado, dañado por una corrupción estructural”, señala el MAS en su programa de Gobierno.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), como parte del proceso electoral rumbo a los comicios nacionales del 17 de agosto, recopiló todos los planes de gobierno de los candidatos que aspiran a la silla presidencial.
Propuestas de las alianzas
La alianza Libre, que postula a la presidencia a Jorge Tuto Quiroga, en su propuesta dice que, por las fallas estructurales, para que unos cuantos se favorezcan con el incremento de su poder, se impone un cambio radical para asegurar transparencia e independencia en el sistema de justicia.
La alianza Libertad y Progreso, de ADN, plantea también la necesidad de empezar un proceso de reforma judicial para el país, para suprimir dos aspectos principales: “eliminar la justicia indígena, originaria y campesina”, y eliminar la actual modalidad de elección de magistrados.
“Establecer un procedimiento nuevo para la nominación de magistrados, que se implementará dentro de los límites de las instituciones de la justicia y se basará en méritos y evaluaciones. El Consejo de la Magistratura establecerá el procedimiento de nominación de magistrados”, plantea Libertad y Progreso.
Propuestas de partidos
El partido Autonomía Para Bolivia (APB – Súmate), que postula a Manfred Reyes Villa, también propone cambiar mediante una reforma constitucional el sistema para elegir magistrados.
“Convertiremos el actual sistema de elección por voto popular por un mecanismo meritocrático y transparente. Crearemos el Tribunal de Selección de Postulantes, independiente del poder político, encargado de evaluar trayectoria personal y profesional de los candidatos”, dice su propuesta de gobierno.
El partido en función de gobierno, el Movimiento Al Socialismo (MAS) que postula a Eduardo Del Castillo, admite la forma de elegir magistrados no es la más adecuada por “la falta de transparencia y la ausencia de criterios meritocráticos en los procesos de selección”.
Es por ello que una de las propuestas del MAS en el ámbito judicial es la elección democrática y meritocrática de autoridades del sistema judicial, para lo cual se debe “implementar un sistema de ascenso por méritos y antigüedad dentro del Órgano Judicial”, dice la propuesta. El plan de gobierno de MAS no hace mención al TCP.
El Movimiento de Renovación Nacional – Morena, plantea crear una “comisión nacional de reforma judicial”, que sería una entidad independiente que esté a cargo de conducir el proceso para una reforma estructural del sistema judicial.
También propone rediseñar el Órgano Judicial y el Ministerio Público y reformar el Tribunal Constitucional y cambiar el mecanismo de elección de sus magistrados y establecer claramente cuáles son sus competencias para evitar superposiciones ante otras instancias del Estado.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) que postula a Rodrigo Paz Pereira como su candidato a la presidencia va por una ‘reconfiguración del sistema judicial’ con cuatro estrategias: institucionalizar el Órgano Judicial y el TCP, crear una ‘Comisión de Reforma Judicial’ con apoyo de organismos internacionales, modernizar la formación jurídica y digitalizar la administración de la justicia.
El partido Nueva Generación Patriótica (NGP) que postula a Jaime Dunn a la presidencia plantea cuatro ejes para cambiar el sistema judicial a uno transparente, técnico e independiente.
Promete eliminar los ministerios de Justicia y de Gobierno, aplicar la presunción de inocencia ‘a favor del ciudadano’, digitalizar todos los procesos judiciales y penalizar el avasallamiento de tierras y los bloqueos de carreteras como ‘delitos contra la propiedad y la libre circulación’.
Situación incierta
De las diez organizaciones políticas con las que el TSE empezó el proceso para las elecciones del 17 de agosto, la situación de la Alianza Popular del partido Movimiento Tercer Sistema (MTS) es incierta, tras los tres fallos de las salas constitucionales de Beni y La Paz, una de las que ordena al TSE anular la personería jurídica del MTS, liderado por Félix Patzi y suspender su participación en las elecciones.
Hasta la fecha, la Sala Plena del TSE no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto, mientras su programa de gobierno, continúa en la página web del Órgano Electoral junto a los programas de las otras nueve organizaciones políticas habilitadas.
Esta alianza plantea una “reforma integral del Sistema de Justicia Boliviano”, mediante una reforma a la Constitución Política para que se “suprima la elección por voto popular de magistrados” del TSJ y del TCP.
Y en su lugar, establecer un sistema mixto de selección meritocrática, con control ciudadano y participación efectiva de universidades, colegios de abogados y organismos internacionales.
Amenaza con convulsión social
El expresidente Evo Morales (2006-2019), que en su gobierno gestionó e impuso, con su rodillo parlamentario, los cambios estructurales al sistema judicial con la nueva Constitución Política del Estado (2009), ahora amenaza con una convulsión social y no permitir la realización de las elecciones generales, si no lo dejan repostular por cuarta vez a la presidencia, a pesar de que esa Constitución avalada por la mayoría de sus asambleístas constituyentes, solo permite una repostulación.
Morales Ayma, sin un partido ni estructura política que sostenga sus afanes electorales, atraviesa por su peor momento político, después de más de 20 años y cinco procesos eleccionarios en los que su nombre figuró en la papeleta electoral.
Y es que el mismo sistema judicial que en otrora avaló su “derecho humano” a repostularse por tercera vez consecutiva a la presidencia, a pesar del referéndum del 21F-2016, en la actualidad, es el que le cerró las puertas con tres sentencias constitucionales que desahucian su repostulación.
Y tras cerrarse la fase de inscripciones de candidatos (19 de mayo) sin que Morales pueda inscribir su nombre como presidenciable, se hicieron públicas las amenazas contra autoridades policiales y vocales electorales.
“A nosotros nos pasan la información (de) dónde vive usted, quien es su familia”, amenazaba el diputado evista Héctor Arce al general de la policía José Illanes. En ese mismo tono, la dirigencia evista amenazó a los vocales del TSE. “Sabemos donde viven”.
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