En la investigación se entrevistaron a más de 210 personas de 12 pueblos diferentes y representantes de las comunidades Aymara de Bolivia, Chorote, Enhlet Norte, Guaraní, Manjui, Nivaklé, Pilagá, Quechua, Tapiete, Toba, Weenhayek y Wichi.
En la región chaqueña existe el éxodo de la población de diferentes tipos relacionados directa e indirectamente con la crisis climática, según reveló la investigación «Migraciones Ambientales en el Gran Chaco Americano».
El diagnóstico menciona que se ha evidenciado movilidades asociadas al aumento de la temperatura, la sequía y la falta de agua.
«En el caso de la comunidad de Nueva Esperanza (Bolivia), es un ejemplo concreto de cómo estos factores interactúan y se retroalimentan e inducen movimientos de población que van desde movilidades internas temporales o estacionales, de carácter individual, pero también colectivo hacia zonas urbana, intrarregionales e internacionales», menciona un testimonio incluido en la investigación.
Asimismo, refleja la preocupación de las autoridades locales por los crecientes desastres ambientales y las profundas condiciones de sequía que generan el desplazamiento forzados de personas, sobre todo jóvenes.
En la investigación se entrevistaron a más de 210 personas de 12 pueblos diferentes y representantes de las comunidades Aymara de Bolivia, Chorote, Enhlet Norte, Guaraní, Manjui, Nivaklé, Pilagá, Quechua, Tapiete, Toba, Weenhayek y Wichi.
Se trata del primer diagnóstico en la región que aborda esta temática que obligó a los investigadores y especialistas a implementar una metodología con múltiples herramientas, como encuestas, pre-diagnóstico, investigación documental, entrevistas virtuales, trabajo de campo y sistematización de la información.
La investigadora y autora del referido documento, Giovanna Tipán Barrera, señaló que el trabajo de campo fue realizado de manera independiente del equipo de investigación debido a la indagación en estricto sentido a recabar información de las autoridades locales y cómo deben diseñar políticas públicas.
En la investigación se descubrieron que los proyectos y actividades tienen que responder a los desafíos ambientales, el aumento de la temperatura, la sequía, la escasez de agua, las inundaciones, el desmonte, los incendios, los impactos negativos de la construcción de infraestructura y otros proyectos de desarrollo.
«Las autoridades, a pesar de ser actores protagónicos en el diseño de políticas públicas, expresan que las escasas oportunidades laborales que se ofrece a nivel local constituye otro de los factores que expulsan a la población.
Además, los procesos migratorios han desencadenado problemáticas sociales difíciles de contener desde los gobiernos locales que con presupuestos limitados», se indica en la investigación.
El Deber
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