El Tribunal de Sentencia de El Alto que se declaró incompetente para enjuiciar por vía ordinaria a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Senkata, señaló, en su resolución, que los actos de la exmandataria deben ser juzgados en juicio de responsabilidades y que poner en duda sus actuados sería «poner en duda» la legalidad de las actualidades autoridades nacionales.
La Fiscalía General del Estado no reconoce el mandato de Áñez y presentó una imputación en su contra por la vía ordinaria, lo que el Tribunal de Sentencia señala no es correcto.
La resolución del Tribunal alteño recuerda que los actuales Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral “emanan de las normas promulgadas” por Áñez como presidenta del Estado por lo que “desconocer esa institucionalidad, aunque inicialmente con defectos, sería poner en duda la legalidad de referidas autoridades”, según el documento al que accedió Unitel.
La resolución añade que de las normas promulgadas en esa Presidencia ahora existen “varios derechos adquiridos como el derecho laboral, los derechos políticos o electorales”.
El Tribunal además advierte que si teniendo estos antecedentes se decide iniciar el juicio “se estaría incurriendo en nulidad absoluta del proceso” por lo que se debe garantizar el mismo según lo que señala la normativa vigente.
La Fiscalía acusó el pasado 23 de octubre de “genocidio” a la expresidenta Jeanine Áñez, a tres exministros y varios exjefes militares y policiales por la muerte de una veintena de civiles durante la crisis de 2019 y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de prisión.
Lanchipa dijo que por las muertes en Sacaba (10) y Senkata (10) “se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad” por “genocidio”, porque hubo una “grave vulneración a los derechos humanos” y “ejecuciones sumarias”.
Entre los acusados están Áñez, los exministros de Defensa, Gobierno (Interior) e Hidrocarburos, Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora, respectivamente, y alrededor de una treintena de excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
La Fiscalía General inicialmente remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba y de Senkata a la Asamblea Legislativa Plurinacional en agosto de 2021, para que se siga un juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria.
Sin embargo, un par de tribunales en las jurisdicciones de La Paz y Cochabamba se declararon competentes para seguir esos procesos por la vía ordinaria. El rechazo del Tribunal de El Alto es el primer revés jurídico para la Fiscalía, que aún no se ha pronunciado sobre el tema.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado “golpe de Estado II”, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
La exmandataria interina Añez, detenida desde marzo de 2021, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, según sus abogados.
Los Tiempos
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