A días de cumplirse el plazo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) remita la nómina de preseleccionados para los comicios judiciales al Tribunal Supremo Electoral (TSE), este proceso podría paralizarse de forma definitiva si la autoridad jurisdiccional resuelve la acción popular en favor de mujeres indígenas de Pando.
“Han interpuesto una acción popular porque reclaman ellas de que no se podría exigir los mismos requisitos para un postulante por el departamento de Pando, (…) no se estuviera garantizando el principio de igualdad que tiene que darse a todos los postulantes”, indicó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS).
Agregó que la acción establece una presunta vulneración de los derechos de mujeres pertenecientes a los pueblos indígena originarios campesinos.
Aspecto que se refleja en las postulaciones para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre las que Pando tiene cuatro representantes mujeres, pero ninguna es de autoidentificación indígena.
De acuerdo con el asambleísta nacional, la acción judicial se verificará hoy. Sin embargo, Jáuregui señaló que, en su criterio, el proceso de preselección no vulnera el principio de igualdad establecido en la Ley 1549 Elecciones Judiciales.
De acuerdo con el cronograma del proceso de preselección, el pleno de la ALP tendría que estar en sesión para la aprobación o rechazo de los informes de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural, para posteriormente remitir la nómina de los preseleccionados al Órgano Electoral.
Según la ruta crítica del proceso de preselección, “el informe final de evaluación debía ser remitido a la Presidencia de la ALP, para que convoque a sesión entre el 27 de abril y el 4 de mayo, para preseleccionar a las y los postulantes, por voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes, con el fin de que entre el 5 y 6 de mayo se remita al TSE la nómina de postulantes preseleccionados”.
El 16 de febrero comenzó el trabajo de la ALP con la aprobación de la convocatoria para que los postulantes presenten su documentación. Desde entonces, corre el plazo de 80 días, establecido en la Ley 1549, el cual concluye el domingo 5 de mayo. Posteriormente, el TSE tendría 150 días para llevar adelante las elecciones judiciales.
Dudan de que se realice la elección
La senadora por Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos Sahonero expresó su desconfianza de que culmine con éxito este proceso de preselección de las elecciones judiciales, debido a que se boicotea la tarea en el Legislativo desde el Ejecutivo y operadores de justicia. En ese contexto, dijo que el proceso de las elecciones judiciales “está en duda y riesgo constante” por los recursos planteados. Agregó que hay dos acciones que deben verificarse en Sucre y que estos tienen relación con la Ley 1549.
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