El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este sábado que se inició procesos penales contra más de 30 personas sindicadas por atentar contra la salud pública con acciones de agio y especulación en la venta de medicamentos para la lucha contra el COVID-19 y el ejercicio ilegal de la profesión.
“Más de 30 personas ya han sido conducidas al Ministerio Público por atentar contra la salud de la población por agio, por especulación, por el ejercicio indebido de la profesión (…). Ya se han abierto acciones penales contra estas personas”, manifestó, en una entrevista con Bolivia Tv.
Según Silva, las personas implicadas podrían enfrentar una pena de privación de libertad de 10 años por los delitos cometidos.
Además, recordó que se comenzó acciones administrativas que derivaron en clausuras temporales e incluso definitivas para algunas clínicas y farmacias.
“Se han impuesto sanciones económicas en la mayoría de los casos. Hemos llegado hasta las 10.000 unidades de fomento a la vivienda en aquellas clínicas y hospitales que estaban cobrando por encima de los precios que ha determinado el Gobierno”, acotó.
La autoridad estatal explicó que los resultados fueron logrados en el marco de operativos que se realizan para garantizar el abastecimiento y el precio de medicamentos y oxígeno medicinal, en beneficio de personas que precisan un tratamiento anticovid.
También recordó que continúan las acciones para fiscalizar la prestación de servicios funerarios y hospitalarios.
“Es decir, es un conjunto de actividades que se están realizando a fin de proteger la salud pública de la población”, enfatizó.
Finalmente, Silva pidió a los usuarios y consumidores que denuncien cualquier irregularidad o abusos cometidos en su contra por ventas o servicios en farmacias, hospitales y funerarias. Para ello se habilitó la línea gratuita 800-10-0202.
ABI
Acerca del autor
