Como un paso hacia la anhelada reforma de la justicia, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, recibió hoy el proyecto de ley de modificaciones a la Ley del Órgano Judicial, que busca modernizar las instituciones que conforman este poder del Estado, para que los operadores de justicia garanticen un trabajo oportuno, transparente y sin retardaciones, como merece la población.
“Si bien (la Ley 025) en su oportunidad fue un aporte para la administración del Sistema de Justicia, también se ha constatado que, en la práctica, en el nuevo contexto y coyuntura, requiere urgentes modificaciones para adecuar el trabajo de los operadores de justicia. Necesitamos acelerar la modernización al interior del Órgano Judicial, para transparentar, para que los operadores de justicia actúen con mayor oportunidad”, argumentó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres en la conferencia de prensa donde entregó la propuesta.
La Ley 025 tiene una vigencia de un poco más de una década. Regula el trabajo del Órgano Judicial, bajo el cual desempeñan funciones todos los operadores de justicia y personal de apoyo jurisdiccional, desde las altas autoridades como los magistrados, hasta los jueces, vocales, secretarios y auxiliares de diligencia.
La norma propone una transferencia del nivel central del 3% por coparticipación tributaria, a favor del Órgano Judicial “para que esto dé paso a la modernización y a mayor presencia de operadores de justicia a nivel nacional”, dijo Torres, a tiempo de mencionar que los hechos delictivos no solo se concentran en las capitales, sino también en municipios intermedios y comunidades.
“El Órgano Judicial tiene que estar presente y sentar soberanía en todo el territorio nacional”, remarcó.
“También estamos hablando de consolidar una carrera judicial con base a los principios de la Constitución Política del Estado, en la que se posibilite tener un nuevo perfil del juez boliviano acorde a nuestra realidad y a la visión que engloba la Constitución”, añadió el titular del TSJ.
La propuesta de modificaciones a la Ley 025 también alcanza al Régimen Disciplinario, bajo el cual los administradores y operadores de justicia, además del personal de apoyo jurisdiccional, tendrían que ser sancionados cuando infringen la norma.
Según el análisis de Torres, la aplicación de las sanciones es casi “nula” debido a que los procesos se demoran, se solicitan excesivas garantías, los juzgados disciplinarios son “poco” eficientes, ocasionando que no se pueda separar a los “malos” operadores de justicia.
“Estamos siendo bastante permisivos y tolerantes con malos operadores de justicia, pero no es por voluntad del Tribunal Supremo de Justicia o del Consejo de la Magistratura; sino porque están blindados por una ley, la Ley 025 y el Catálogo de faltas que tiene el Régimen Disciplinario”, apuntó Torres.
Por su parte, el Presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, durante la conferencia de prensa, acotó que, el proyecto de ley entregado esta jornada, corresponde a una de las conclusiones a las que arribó la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios, sobre los “malos” administradores de justicia que favorecen a sentenciados.
“Después de los resultados que hemos tenido en la Comisión, que se ha constituido bajo mandato del Presidente Luis Arce, una de las conclusiones ha sido observar que los malos administradores de justicia están prácticamente blindados por la Ley 025. Es una ley antigua que, lastimosamente en el Régimen Disciplinario, no ha funcionado. No permite hacer uso de instrumentos coercitivos para separar a las malas autoridades judiciales y poder enmendar estos errores”, manifestó.
Por último, el titular de la Cámara Baja, Freddy Mamani Laura, ratificó el compromiso del Legislativo de acelerar el tratamiento del proyecto de ley, en el marco de los procedimientos establecidos y en coordinación con los sectores involucrados en dicha norma.
“Nuestro compromiso desde la presidencia de la Cámara de Diputados es cumplir con los procedimientos legislativos y derivar este proyecto de ley a la comisión respectiva, para que se genere los debates internos con los involucrados. De esa manera, vamos a garantizar el tratamiento de la norma que va a beneficiar a la población”, sostuvo.
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