El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 proyecta un crecimiento económico del 3,51%, un déficit fiscal equivalente al 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y una inflación anual del 7,5%. Este presupuesto, que asciende a un total consolidado de 296.565 millones de bolivianos, representa un aumento del 11,7% en comparación con el PGE 2024, en línea con el objetivo gubernamental de impulsar la demanda interna y mantener subsidios clave para la población.
El presupuesto agregado, que incluye todas las entidades estatales, se sitúa en 369.340 millones de bolivianos, reflejando un incremento del 8,5% frente al año anterior. Según el Ministerio de Economía, estas cifras responden a los efectos positivos de políticas implementadas desde noviembre de 2020, como el fortalecimiento de la recaudación tributaria y la promoción de la inversión pública, ambos pilares de un modelo económico orientado al crecimiento interno.
El PGE 2025 destina 4.024 millones de dólares a inversión pública, priorizando sectores estratégicos como hidrocarburos, electricidad y minería, que se destacan por su capacidad de generar excedentes. Asimismo, se prevé un importante flujo de recursos hacia infraestructura vial, mantenimiento de carreteras, comunicaciones, promoción industrial y fortalecimiento de empresas públicas, con el objetivo de consolidar la infraestructura económica y mejorar la competitividad del país.
Además, se establece una posible variación del tipo de cambio de hasta 10 puntos porcentuales, dependiendo de las dinámicas macroeconómicas.
Subvenciones
Uno de los pilares del presupuesto es la continuidad de las subvenciones a hidrocarburos y alimentos, una estrategia diseñada para amortiguar el impacto de los precios internacionales y garantizar el acceso a productos básicos a precios accesibles. Estas medidas buscan proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas, mitigar el aumento del costo de vida y promover la estabilidad económica y social.
El Ministerio de Economía considera estas políticas esenciales para reforzar la equidad social y preservar el bienestar general, especialmente en un contexto global caracterizado por la volatilidad económica.
A pesar de los avances propuestos, el PGE 2025 enfrenta desafíos significativos. El déficit fiscal proyectado del 9,2% y la inflación del 7,5% plantean interrogantes sobre la sostenibilidad económica en el mediano plazo. Expertos señalan que el cumplimiento de estas metas dependerá del contexto global, en particular de los precios de los hidrocarburos y el desempeño del comercio internacional.
Asimismo, la capacidad del Gobierno para ejecutar efectivamente el presupuesto y mantener las subvenciones será determinante para alcanzar un crecimiento económico estable.
El PGE 2025 refleja el compromiso del Ejecutivo con la continuidad de políticas orientadas al fortalecimiento de la demanda interna y la equidad social. Sin embargo, también deja abiertas preguntas sobre la gestión de las finanzas públicas frente a presiones internas y externas.
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