La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), conjuntamente con la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), se declararon en emergencia ante el tratamiento del proyecto de ley 305 «Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos». Por ello, enviarán una carta al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, para que se tome en cuenta la petición de eliminar el artículo 281 de dicha norma.
«Hemos tomado la iniciativa, en primer lugar, de enviar una carta al señor David Choquehuanca, como presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que le hacemos conocer nuestro rechazo en el intento de penalizar el periodismo y demandamos la eliminación del artículo que vulnera la ley de imprenta», indicó la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes en una conferencia de prensa.
Alanes señaló que la carta está sustentada con argumentos jurídicos para que la ALP considere eliminar el artículo 281 de la Ley 305, que señala sanciones a periodistas que comentan algún delito discriminatorio o racial.
«Hemos sustentando jurídicamente y hemos manifestado que esta iniciativa constituye un grave atentado a la libertad de expresión, que es un fundamente esencial de la democracia. No solo afecta al periodismo, sino que afecta un derecho fundamental de la ciudadanía, como es la libertad de expresión», manifestó la presidenta de la ANPB.
A su vez, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, señaló que se está nuevamente frente un «intento del Gobierno de acallar las voces, es un nuevo intento de afectar al periodismo. Nuevamente hay penas de cárcel para los periodistas por situaciones que afectan a toda la sociedad boliviana. La manera ambigua como está redactada la norma nos pone a todos en riesgo».
La carta será entregada a David Choquehuanca
La misiva está firmada por la ANPB, la CSTPB y las nueve Asociaciones de periodistas exige que se elimine el párrafo III del artículo 281 del proyecto de Ley 305/2023 y que se excluya a las y «los periodistas de la figura penal de difusión e incitación al racismo o a la discriminación en el citado proyecto», que según los gremios «suprime la garantía constitucional de los tribunales de imprenta».
Dicha carta será enviada, además de Choquehuanca, al senador del MAS y presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez; a Jerges Mercado, presidente de Diputados; Paul Enrique Franco, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional; Juan Lanchipa, Fiscal General; Iván Lima, ministro de Justicia; Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación y a Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo.
«La Ley 305 no es otra cosa que penalizar al periodismo»
En la Conferencia de Prensa también participó la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz que, en un comunicado, se declaró en emergencia y en una movilización permanente por el riesgo que conlleva la Ley 305 que, según sus ejecutivos, pretende acallar y penalizar la libertad de expresión.
«Anteriores gobiernos pretendieron imponer leyes mordaza a nombre de transparentar la información o suponer apoyar derechos políticos de turno, esta vez se pretende disfrazar el pisoteo a los derechos humanos, bajo el nombre de ‘compromisos internacionales’. Por todo ello, denunciamos a la población boliviana que la ley 305 no es otra cosa que penalizar el ejercicio profesional del periodismo, impedir la investigación y difusión de los hechos de corrupción ejercido por autoridades municipales, locales, departamentales y nacionales», se lee en el comunicado.
Los Tiempos
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