La justicia boliviana no devuelve los 122 millones de bolivianos a la Gobernación de Tarija, pese a que la deuda a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) por la conexión de Tarija al Sistema Interconectado Nacional (SIN), se pagó en su totalidad, incluidas multas e intereses, hace un mes atrás gracias a las gestiones del ejecutivo departamental con la banca privada.
El vocero de la gobernación, César Ramos, sostuvo que los proyectos estratégicos del gobierno departamental están paralizados porque no se cuentan con los recursos disponibles para su respectivo desembolso a programas como la entrega de las canastas alimentarias para las personas de la tercera edad y con discapacidad, para el pago del Prosol a las comunidades campesinas, para el pago de programas en salud, educación y desarrollo productivo, entre otros.
“El pasado 21 de septiembre del presente año se canceló a ENDE por el Sistema Interconectado Nacional a ENDE Transmisión, costo que nunca debió cancelarse por el gobierno departamental puesto que es un proyecto nacional, pero pese a ello y ante la negativa de darnos recursos del FNDR, buscamos los mismos en la banca privada y los conseguimos para cumplir esta obligación. Aquí está la documentación del SIGEP que avala nuestras declaraciones y a casi un mes de cancelar y solicitar a la Justicia que libere los recursos que tiene retenidos del gobierno departamental, no se lo hizo”.
Ramos calificó este hecho como una injusticia que perjudica al pueblo tarijeño, teniendo en cuenta que se cumplieron todos los procedimientos administrativos y legales, sin embargo, no existe un justificativo válido para que la justicia retenga esos recursos: “¿Qué más tenemos que hacer como tarijeños?¿Quieren que salgamos a las calles? ¿Quieren que ingresemos a una huelga de hambre como gobierno departamental?¿Qué más tenemos que hacer para que estos recursos retenidos vuelvan a las cuentas de la Gobernación?”
El Vocero expresó que el gobierno nacional, a través de la Justicia, pretende asfixiar económicamente al departamento de Tarija y perjudicar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. “Exigimos que la Justicia devuelva esos recursos a Tarija en los próximos días, de lo contrario, como gobierno departamental tendremos que analizar medidas de presión ante la asfixia económica”, explicó Ramos.
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