La condena y el desistimiento previo de los familiares, dejó varias dudas sobre el papel de la Justicia en este caso complejo
El Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz condenó a Misael Nallar Viveros a 15 años de prisión, por su participación en el triple asesinato del 21 de junio de 2022 en el municipio de Porongo. La condena es menor a la calificada por el Ministerio Público respecto a la gravedad de estos delitos.
Las víctimas fueron los policías Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y el voluntario del Gacip, José David Candia. Todos ellos fueron acribillados mientras realizaban un control rutinario en la zona del Urubó durante el feriado del 21 de junio de 2022. Según el fallo, Nallar cumplirá su condena en el penal de Palmasola, pese a que estaba detenido preventivamente en Chonchocoro desde su captura en junio de 2022. Además, la pena es menor a los 30 años de presidio que solicitó la Fiscalía.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó la sentencia de “un logro parcial”, aunque expresó su descontento al considerar que la pena debió ser, precisamente, de 30 años, sin derecho a indulto que es la máxima estipulada en el Código Penal. Del Castillo destacó que el caso enfrentó intentos de “manipulación judicial para liberar a Nallar en reiteradas ocasiones sobre la base de al menos una docena de incidentes.
“El señor Misael Nallar ha reconocido que ha participado en el asesinato de dos efectivos policiales y se le ha dado una sentencia de 15 años”, indicó Del Castillo.
Comparó el caso con otro parecido, pero con una condena de 30 años a ciudadanos brasileños que quitaron la vida de un policía en La Paz. “Con esto demostramos que quien se atreva a tocar, herir o quitarle la vida a un efectivo de la Policía Boliviana, va a tener la sanción conforme lo establezca el ordenamiento jurídico”, expresó.
El crimen de Porongo, considerado uno de los más impactantes en Bolivia, dejó en evidencia un modus operandi que los investigadores calificaron como típico de mafias organizadas. Las víctimas fueron colocadas en una camioneta policial en una posición que representaba un desafío a las autoridades. Además, el caso destapó la opulencia de Nallar, quien poseía bienes valuados en más de $us 5 millones, incluidos vehículos de lujo y una hacienda con animales exóticos. Esto llevó a que se le investigue por legitimación de ganancias ilícitas y posible vinculación con el narcotráfico.
Para los investigadores, este asesinato fue un mensaje desafiante y humillante, al típico estilo de las mafias organizadas que operan con frecuencia en México.
De hecho, el día del crimen el ahora condenado estaba con guardaespaldas de nacionalidad colombiana. Durante los más de dos años de proceso, todos los implicados en el crimen salieron de prisión para defenderse libres.
Widen Nallar Noda, el hermano de Misael, que permanecía recluido en Palmasola por el triple asesinato, salió libre por orden de la Justicia el 27 de noviembre.
Otro aspecto controvertido del caso fue la decisión de los familiares de las víctimas de retirarse del proceso judicial, lo que obligó a la Fiscalía a continuar la investigación de oficio. Esto provocó críticas sobre la fortaleza del sistema judicial y el acceso a la justicia en casos de violencia contra agentes.
La audiencia se realizó en Chonchocoro, donde Nallar se encuentra recluido, y hasta donde funcionarios del Tribunal de Sentencia del departamento de Santa Cruz, se trasladaron para efectuar las respectivas diligencias. El condenado es considerado peligroso y de hecho ha provocado varias grescas al interior del penal.
Por efecto del caso Nallar, varios policías tuvieron que ser cambiados y el caso provocó varios cambios en la estructura de la Fuerza Especial de Lucha Contra El Narcotráfico (Felcn). El mayor Álvaro Julio Muñoz y el capitán Rubén Aparicio, partícipes en la captura de Misael Nallar, fueron alejados de la fuerza antidroga. “Por disposición de la Dirección Nacional de la Felcn han sido replegados al Comando General de la Policía y es así que se va a tomar la determinación de ubicarlos porque tienen que trabajar para sustentar justamente el salario que reciben”, informó en 2022 la pesquisa abierta contra estos oficiales de la Policía.
Durante los últimos tres años cerca de 34 efectivos del orden fueron procesados por delitos vinculados con el narcotráfico, una actividad ilícita que mueve millones de dólares cada año.
Se prevé que Nallar sea trasladado el fin de semana a Palmasola, donde realizó varias refacciones y fue considerado uno de los detenidos con más recursos.
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