El ministro de Gobierno lamentó que, por la información filtrada, el supuesto propietario de la droga y su esposa huyeron del país para evitar ser capturados
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, refutó las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, al señalar que la Fiscalía Departamental de Oruro no filtró ningún tipo de información para permitir que se fuguen los propietarios de las siete toneladas de droga secuestradas.
“Debemos ser claros y concretos, no hubo ninguna filtración de información por parte del Ministerio Público, el fiscal departamental de Oruro (Aldo Morales) ha hecho conocer a través de los medios de comunicación la actuación que ha desarrollado esa autoridad en relación al operativo, en el cual se ha dado la incautación de más de siete toneladas de cocaína en el departamento de Oruro, la explicación ha sido clara y concreta, donde no ha habido, de ninguna manera, una filtración de información”, dijo Lanchipa.
El fiscal general aclaró que no se ha destituido a Morales y explicó que esta autoridad emitió una información de manera concreta y específica, sobre el tiempo transcurrido desde el inicio del operativo hasta la declaración que dio a los medios de prensa, después de 36 horas de haber concluido el operativo de incautación de la droga.
Además, Lanchipa señaló que se ha iniciado una investigación para detectar de donde salió la filtración de información que denuncia el Ministerio de Gobierno, la cual, supuestamente, permitió la fuga de los dueños de las siete toneladas de droga, que salieron de Santa Cruz hacia Oruro.
“Lamentablemente, por información que se ha filtrado a través del Ministerio Público a los medios de comunicación, los dueños de esta mercadería han fugado del país. Uno de ellos ha fugado del país, aproximadamente a las ocho de la mañana, vía la frontera con la República Federativa del Brasil y en este momento se encuentra escondido en Estados Unidos, y hay otra persona, su señora esposa, que también se encontraría a buen recaudo”, lamentó el ministro Eduardo Del Castillo, sobre el caso.
El ministro indicó que se conoció que la empresa Todo Metales tenía previsto enviar un cuarto camión con chatarra, que también tenía droga, a la Aduana de Pisiga, desde la capital cruceña. Sin embargo, el camión no cargó la mercadería, luego de que se filtró la información del operativo.
“Hemos podido encontrar el cuarto contenedor, lamentablemente vacío, el chofer del cuarto contenedor no procedió a recoger la carga y probablemente si no se hubiese filtrado la información, estaríamos hablando de la incautación más grande (de droga) en la historia de nuestro país”, comentó.
Además de que durante al allanamiento al taller donde funcionaba esta empresa recolectora de metales no se encontró a ningún trabajador, pues solo estaba el camión abandonado y la chatarra cortada y soldada para que se pueda camuflar droga.
“Hemos realizado ya los allanamientos correspondientes en el departamento de Santa Cruz, hemos realizado la prueba de campo y hemos podido determinar que toda esta empresa ficticia que realizaba transportes ilegales hacia países europeos ya había sido completamente saneada, completamente lavada y se había borrado todas las evidencias que probablemente podríamos haber encontrado”, dijo la autoridad de Gobierno.
Del Castillo lamentó que, por la información filtrada, el propietario de la empresa y su esposa huyeron del país para evitar ser capturados, pero añadió que se pedirá a la Fiscalía que se incaute el taller donde funcionaba esta organización.
Esta denuncia del ministro se dio el lunes, un día después de que el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que los tres choferes de los camiones que llegaron con chatarra a Pisiga fueron enviados a la cárcel de San Pedro, de manera preventiva.
Los conductores fueron identificados como Reinaldo A. E., Alex C. A. y Brayam P.V., quienes fueron imputados por los presuntos delitos de sustancias controladas con agravante de volúmenes mayores, asociación delictuosa y confabulación.
El Deber
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