El Tribunal Superior Electoral (TSE) iniciará este jueves un juicio por supuestos abusos de poder por parte del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien puede perder todos sus derechos políticos en caso de ser hallado culpable.
La acusación, extensiva al general Walter Braga Netto, quien fue compañero de fórmula de Bolsonaro como candidato a vicepresidente el año pasado, sostiene que el líder de la ultraderecha violó la ley electoral en numerosas ocasiones a lo largo del proceso que llevó a la victoria del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El proceso fue impulsado por el Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) y está centrado en la dura campaña de descalificación que Bolsonaro mantuvo contra la Justicia electoral y otras instituciones durante los dos años previos a los comicios de octubre pasado.
El TSE ha reservado tres audiencias para este caso, por lo que la sentencia, que puede declarar «inelegible» a Bolsonaro durante ocho años si fuera declarado culpable, sería dictada la semana próxima.
Un punto central de la acusación es una reunión que Bolsonaro convocó en la residencia oficial de la Presidencia con medio centenar de embajadores extranjeros el 18 de julio de 2022 para insistir en su campaña de descrédito contra el sistema electoral.
En esa reunión, transmitida por la televisión pública por orden expresa de la Presidencia, intentó convencer a los diplomáticos de los supuestos fraudes que permitirían las urnas electrónicas que se utilizan en las elecciones en Brasil desde 1996, pese a que nunca desde entonces se ha comprobado una sola irregularidad.
Reiteró además sus críticas al TSE y hasta sugirió que algunos de sus miembros «conspiraban» para favorecer a Lula en los comicios.
DOS AÑOS DE ATAQUES A LAS INSTITUCIONES Y A LA CORTE ELECTORAL
Esa reunión con embajadores fue la puntilla de una campaña contra las urnas electrónicas a la que Bolsonaro imprimió más beligerancia aún desde marzo de 2021, cuando la Corte Suprema anuló los juicios por corrupción que llevaron a la cárcel a Lula, quien desde ese momento paso a liderar todas las encuestas electorales para 2022.
De acuerdo a la acusación, Bolsonaro incurrió en «abusos de poder y económicos» y en «uso indebido de los medios públicos», al valerse de la residencia oficial de la Presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública.
Sin embargo, el PDT fue más allá y sostuvo que Bolsonaro «buscó la adhesión de países extranjeros para, en caso de promover un golpe de Estado, obtener apoyo con la tesis de que el proceso electoral no habría sido confiable y sería el resultado de un fraude».
NO HUBO GOLPE, PERO SÍ RESISTENCIA Y ASALTO A LOS PODERES
Contra Bolsonaro, aunque no esté expreso en los cargos, juega todo lo ocurrido después de que Lula ganó las elecciones y el asalto a la sede de los tres poderes de la Nación del 8 de enero, ocho días después de la investidura del actual mandatario progresista.
El líder de la ultraderecha no reconoció el resultado de las urnas, alentó a sus simpatizantes a resistir y el país entró en una vorágine de vértigo político, con miles de activistas acampados a las puertas de los cuarteles del Ejército exigiendo sin pudores un golpe militar.
Todo eso en plena transición, con el Gobierno omiso y Bolsonaro en un completo silencio frente a los actos antidemocráticos, que rompió dos días antes de la investidura de Lula para anunciar que viajaba a Estados Unidos, donde permaneció tres meses.
Bolsonaro responde en otra decena de acciones penales y una de ellas lo tiene como sospechoso de haber incentivado el asalto a los tres poderes de enero pasado, atribuido a una violenta horda de activistas de la ultraderecha que le apoya.
La investigación de esos hechos incluso llevó a la Policía a descubrir, en manos de algunos de sus más cercanos asesores, sendos borradores de decretos que anularían el resultado de las urnas tras la victoria de Lula y planteaban hasta una «intervención militar» para mantener a Bolsonaro en el poder.
EFE
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