El ministro Pary, anunció el martes que revisará los convenios que tiene el Estado con escuelas administradas por la Iglesia para “proteger la integridad” de niños y adolescentes, ante las denuncias que están en investigación actualmente.
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) manifestó este jueves su disponibilidad a revisar los convenios educativos que tiene con el Estado, a propósito de un anuncio del Gobierno de Luis Arce en ese sentido ante las denuncias e investigaciones por abusos sexuales y pederastia en contra de varios sacerdotes.
El secretario ejecutivo del Área de Educación de la CEB, Jorge Fernández, sostuvo que le parece “saludable el hecho de que se vaya revisando permanentemente los convenios” porque eso permite “profundizar, actualizar y ver los alcances del servicio y el trabajo” de la Iglesia católica en el ámbito educativo.
Fernández recordó que el sistema educativo boliviano tiene tres sistemas que son el privado, el de convenio y el fiscal.
“Como Área de Educación tenemos especial referencia y responsabilidad sobre los colegios de convenio”, en los cuales la responsabilidad es compartida entre el Estado boliviano, que designa y paga los salarios de los directores y docentes, y la Iglesia católica, que tiene responsabilidades administrativas y pedagógicas, explicó.
Detalló que los colegios de convenio representan entre el 10 % y el 11 % de la educación en Bolivia, pues son 1.524 unidades educativas, mientras que las escuelas privadas pertenecientes a la iglesia son 85 y se rigen por una legislación diferente pero que “también viene desde el Ministerio de Educación”.
“La Iglesia católica en ningún momento en su servicio educativo está al margen de lo que dice el Ministerio de Educación. Siempre hemos estado cumpliendo todos los requisitos y obligaciones que el ministerio nos pide”, remarcó.
Según Fernández, en noviembre de 2011 se firmó un convenio sectorial con el Ministerio de Educación que estableció “las responsabilidades del Estado y de la Iglesia católica”.
El convenio tiene un tiempo de duración de cinco años, y ya ha sido renovado mediante adendas de extensión en 2017 y en 2021.
“El año 2024 nos toca hacer una adenda o una renovación de un convenio”, indicó Fernández.
“En cualquier convenio hay siempre un momento de diálogo y de definir los alcances, límites y objetivos de ese convenio. Si el Ministerio nos plantea la revisión en esos términos, estamos al alcance y con la disponibilidad de hacerlo”, agregó.
También dijo que los casos de pederastia denunciados recientemente se dieron en un internado que funcionó como colegio hasta 2006 y recordó que la CEB tiene protocolos de prevención desde 2016.
El ministro de Educación, Edgar Pary, anunció el martes que revisará los convenios que tiene el Estado con escuelas administradas por la Iglesia católica para “proteger la integridad” de niños y adolescentes, ante las denuncias que están en investigación actualmente.
Las investigaciones penales comenzaron luego de que el medio español El País publicara a fines de abril una investigación sobre un diario del jesuita español Alfonso Pedrajas, ya fallecido, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Bolivia, desde 1971.
Además está abierto un proceso por el caso que en febrero de 2019 dio a conocer EFE sobre el jesuita Luis Roma, también fallecido, que fue denunciado por un exmiembro de la Compañía de Jesús, que pidió el anonimato, y que basó las acusaciones en fotografías explícitas en las que dijo reconocer al supuesto agresor de varios menores de entre 6 a 12 años.
La Fiscalía recibió hasta el momento ocho denuncias por pederastia en contra de sacerdotes y dispuso la reserva de estas investigaciones.
Pagina Siete
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