Mesa abogó por un proceso legal alejado de la «mentira» impuesta por el MAS. El proceso planteado por Juan Lanchipa es por ‘genocidio’ de 20 personas durante la crisis política de octubre y noviembre de 2019.
Evo Morales ni sus seguidores están de acuerdo con el rechazo judicial de procesar a la expresidenta Jeanine Áñez por la vía ordinaria. Es más, creen que hay un acuerdo político vinculado con la gobernabilidad del presidente Luis Arce.
“Que no nos sorprenda que detrás de esta acción haya existido un acuerdo político, ya que coincidentemente confluye en la posición inicial del Ministro de justicia, Iván Lima», afirmó Carlos Romero, uno de los políticos próximos a Evo y que estuvo a cargo de la seguridad interna del país durante el primer gobierno del MAS.
Según Romero, la postura de Lima ha provocado “una de las contradicciones fundamentales del MAS-IPSP con el gobierno de Arce”.
Hace ocho días el fiscal general, Juan Lanchipa, acusó formalmente a Áñez de genocidio, un delito que pudo cometer en el contexto de las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019. El proceso, que plantea 30 años de prisión contra la exmandataria, llegó al Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto que rechazó el proceso.
“¿Será que el gobierno busca apoyo de la derecha en la Asamblea Legislativa ya que duda de su gobernabilidad, mostrando su incapaz de manejarla? Primero intentaron desestabilizar la gestión de nuestro presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentando audios falsos. Ayer el presidente saliente de la Cámara de Diputados, desde una vocería de gobierno, pone en duda el cumplimiento de la gestión de gobierno de Arce”, escribió Romero en sus redes.
De hecho, Romero afirmó que “coincidentemente” la acción a favor de Áñez, “aparece en este contexto”, cuando “el gobierno necesita de la derecha para apoyar una ley que únicamente endeuda más al país en vez de aportar a la reactivación económica de éste”. El lunes, el presupuesto reformulado avanzó hacia su aprobación final.
El abogado constitucionalista Israel Quino identificó al menos 12 argumentos en el fallo del Tribunal de El Alto para que la expresidenta Áñez sea juzgada a través de un juicio de responsabilidades.
“Hay actos presidenciales constitucionales en la gestión de Áñez: Las leyes sancionadas sobre el conocimiento de la declaración constitucional de prórroga de mandato; la convocatoria a elecciones, el reconocimiento, la designación del vocal como delegado presidencial en el TSE, entre otros. Entonces el tribunal de el Alto dijo: ‘No podemos juzgarla, no podemos sancionarla, porque le corresponde un juicio de responsabilidades’.
“Repudiamos esta decisión política y corrupta que garantiza impunidad para los autores del genocidio y graves violaciones de derechos humanos del gobierno de facto. Antes liberaron de culpa al corrupto (sic) Reyes Villa. Ahora benefician a los golpistas. En Bolivia la justicia es enemiga del pueblo”, reaccionó Morales.
Nelson Cox, un político próximo a Evo, también rechazó la decisión del tribunal alteño.
“La incompetencia declarada por este tribunal no solamente es ilegal, sino que es una alerta relacionada al escenario de impunidad que se había avizorado. Lamentablemente esta decisión no es ajena a una determinación política que proviene desde el Ministerio de Justicia”, dijo.
“La decisión del Tribunal de Sentencia de El Alto en torno al juicio a la expresidenta Jeanine Áñez abre la posibilidad de restablecer la justicia y la vigencia de la CPE, que dispone juicio de responsabilidades para ex presidentes acusados. Es imperativo garantizar la vida y la integridad de los jueces, ante la arremetida de violencia y acoso masista que pretenderá mantener la ilegalidad y la mentira”, escribió el expresidente Carlos Mesa en sus redes.
Desde el pronunciamiento del tribunal de El Alto, ni el ministro Lima ni otro vocero del Gobierno emitió comentarios sobre esa decisión.
El proceso de responsabilidades contra la expresidenta Áñez avanzó en el escenario Legislativo hasta marzo de 2022. Entonces, el fiscal Lanchipa planteó la acusación en esa instancia, recordó el abogado Jorge Valda. Pero en junio de ese año, Evo consideró que no correspondía a la expresidenta un proceso de privilegios y la estrategia cambió.
Durante las masacres de Sacaba y Senkara fallecieron 20 personas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que hubo ejecuciones sumarias y fue, en ese contexto, que pidió la reparación de daños para las familias de las víctimas. La entidad internacional también planteó otras recomendaciones como la eliminación del delito de terrorismo.
El gobierno de Arce debe presentar los avances de estas recomendaciones el próximo 10 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Deber
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