La Paz y Santa Cruz son son las regiones del país donde los delitos fueron cometidos con mayor crueldad, mientras hay estudios que muestran que la violencia sexual es un fenómeno asociado a este crimen que se comete en 42% al interior de los hogares.
En las últimas semanas, Bolivia ha vuelto a estremecerse por una serie de crímenes marcados por extrema violencia contra las mujeres, muchos de los cuales terminaron en feminicidios. En paralelo, diversos estudios han revelado que los hogares, lejos de ser espacios seguros, son los principales escenarios de violencia física y sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En La Paz, una mujer de 32 años fue hallada sin vida dentro de una bolsa en plena vía pública de la zona Pacajes Caluyo. Su familia había reportado su desaparición días antes. El informe forense reveló múltiples lesiones y un trauma craneoencefálico causado por violencia física. La Fiscalía confirmó que se trató de un feminicidio.
Días antes, en Achacachi, otro caso similar generó alarma. El cuerpo de una mujer, también dentro de una bolsa, fue encontrado con signos de violencia extrema. Las autoridades investigan si el crimen está vinculado a su entorno familiar.
Santa Cruz también registró hechos de extrema gravedad. Una joven de 18 años fue asesinada por su pareja en un alojamiento tras pasar la noche juntos. El agresor fue detenido y sentenciado a 30 años de prisión.
Otro caso estremecedor fue el de una joven que estuvo desaparecida por más de 20 días y cuyo cuerpo apareció cerca del río Piraí. La autopsia reveló que fue asesinada con arma de fuego. En ese crimen, al menos uno de los implicados pertenece a la Policía Boliviana, lo que ha intensificado el seguimiento mediático.
También en Santa Cruz, una ciudadana extranjera que llegó al país por motivos académicos fue asesinada por un adolescente que la contactó previamente. El caso está en etapa de investigación con carácter reservado, debido a la participación de un menor.
“La crueldad con la que se cometen muchos de estos crímenes no es casual ni aislada. Responde a patrones culturales profundamente arraigados que desvalorizan la vida y dignidad de las mujeres”, advirtió la fiscal Rose María Barrientos, especialista en delitos contra la vida al diario EL DEBER.
Según datos del Ministerio Público, hasta marzo de este año, hubo11.711 casos enmarcados en la Ley 348. De ellos, 8.936 corresponden a violencia familiar o doméstica, 776 a abuso sexual, 730 a violación, 512 a violación a menores y 80 a acoso sexual.
Además, se contabilizaron 35 intentos de feminicidio, siendo La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los departamentos con mayor incidencia.
Solo en Santa Cruz, entre enero y junio de 2025, la FELCV reportó 10 feminicidios. Aunque la mayoría de los responsables fueron aprehendidos, la preocupación persiste por la frecuencia y brutalidad de los crímenes.
Durante el evento “Que la verdad nos mueva”, realizado en La Paz, se presentaron cinco investigaciones que desnudan el alcance de la violencia sexual en el país. Uno de los hallazgos más impactantes fue que el 42% de los casos de violencia sexual ocurren en el hogar, lo que desmitifica la idea de que la familia es un espacio de protección, según un reporte publicado por la agencia EFE
Marcela Losantos, coordinadora del Instituto de Investigaciones de Ciencias del Comportamiento de la UCB, remarcó —en ese contexto— que muchas veces las agresiones son encubiertas por familiares que restan credibilidad a las víctimas o consideran que se trata de “comportamientos seductores” de los adolescentes.
Otra investigación reveló que el 16,4% de los adolescentes entre 13 y 17 años recibió contenido sexual sin consentimiento, en la mayoría de los casos enviado por adultos a través de redes sociales.
Un tercer estudio identificó normas sociales que legitiman la violencia, como la idea de que las víctimas “no pusieron límites” o que las denuncias deben resolverse dentro del núcleo familiar.
La revisión de 341 cuadernos judiciales mostró que solo el 2% de los casos concluyeron con sentencia ejecutoriada, lo que refleja la ineficacia del sistema judicial. Falta de personal, sobrecarga de trabajo y ausencia de seguimiento son factores estructurales que agravan la impunidad.
Finalmente, se identificaron obstáculos sociales y políticos para dar respuesta sostenida a esta crisis: desconfianza institucional, adultocentrismo, y la tendencia a silenciar el problema.
El feminicidio es un delito grave que consiste en la privación de la vida de una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando la víctima presenta signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, o si existe un historial de violencia previa entre la víctima y el victimario, entre otras circunstancias.
La deuda con las víctimas
Pablo Salazar, representante en Bolivia del UNFPA, sostuvo que es urgente elevar las denuncias y aumentar la probabilidad de sanción a los agresores. “El silencio no debe ser la norma. Las víctimas merecen justicia, y el país necesita un sistema que funcione”, afirmó.
Las entidades participantes, entre ellas Save the Children, Johns Hopkins, Koica, IJM, UNFPA y la UCB, coincidieron en que el reto es transformar una cultura que normaliza la violencia y garantizar respuestas estatales eficientes, coordinadas y con enfoque de género.
La violencia feminicida y sexual en Bolivia no puede seguir siendo asumida como un fenómeno aislado ni como cifras frías. Detrás de cada número hay vidas truncadas, familias destruidas y una sociedad que aún no logra garantizar la vida ni la dignidad de sus mujeres.
El Deber
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