La Asociación Nacional de la Prensa cuestiona que justamente sean abogados los que busquen vulnerar las normas que protegen el trabajo periodístico. Al menos tres personas en este mes recibieron requerimientos para divulgar sus fuentes
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechaza de manera unánime el pedido del procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, para levantar el secreto de fuente informativa sobre la difusión de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que refiere a las ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, en abril de 2009.
Considera que el periodismo tiene el interés de buscar la verdad para preservar el derecho ciudadano de acceso a la información, y que en este caso particular tiene que ver con la administración de justicia.
Para esta organización, que representa a medios escritos del país, “preocupa que profesionales especializados en el derecho sean los primeros interesados en vulnerar el cuerpo de normas que protegen el trabajo periodístico, cuando por el contrario se espera de ellos una defensa incondicional de la Carta Magna que está plenamente vigente”, según dieron a conocer a través de un boletín institucional.
Por su parte, Raúl Peñaranda, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) sostuvo que detrás de la solicitud del Procurador General existe la intención de desviar la atención del fondo del asunto, sobre la vulneración de derechos humanos en el “caso terrorismo”.
La ANP hace un recuento de los requerimientos judiciales para revelar fuentes, que recibieron: el periodista Roberto Puma (Yacuiba), Junior Arias, director de Detrás de la Verdad Televisión (DVT) en Santa Cruz, y Santos Mamani, director de Culpina Digital, de Chuquisaca, por noticias divulgadas en sus medios.
En todos los casos, autoridades políticas cuestionaron la labor de los periodistas al considerar que perjudicaba su gestión. En el primero de los casos, Puma difundió un informe que repercutía en la defensa de la salud pública. Los casos de Arias y Mamani están vinculados a hechos de violencia y corrupción en instituciones policiales.
El Deber
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