El gerente de la entidad, Pablo Nina, señaló que la decisión fue emitida el jueves por el Juzgado Mixto de la localidad Colcha K de la región de Potosí, que «denegó la tutela a la Acción Popular presentada por una organización de comunarios de la provincia Nor Lípez».
Un nuevo fallo judicial revirtió la orden de paralización del tratamiento de los contratos de explotación de litio en el Parlamento de Bolivia, a cargo de la empresa rusa Uranium One Group y la china CBC, informó la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB).
El gerente de la entidad, Pablo Nina, señaló que la decisión fue emitida el jueves por el Juzgado Mixto de la localidad Colcha K de la región de Potosí, que «denegó la tutela a la Acción Popular presentada por una organización de comunarios de la provincia Nor Lípez».
«El razonamiento jurídico es que los contratos no están vigentes y que no había ninguna vulneración de los derechos colectivos», apuntó el gerente de YLB, citado en un comunicado.
Nina también mencionó que la reciente orden judicial se suma a una anterior del 20 de febrero, dispuesta por una sala constitucional en La Paz, que rechazó la tutela solicitada por un ciudadano mediante una acción popular.
Dicha resolución estableció que, aunque existe un contrato en trámite, este «no se encontraría perfeccionado», ya que debe completarse el procedimiento en el Legislativo boliviano.
«Ambas resoluciones constituyen un importante precedente para determinar la viabilidad de la aprobación de los contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional», señaló Nina.
El pasado 27 de mayo, el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de la localidad de Colcha K concedió una tutela a la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) para la «suspensión inmediata del tratamiento legislativo» de los contratos con ambas empresas.
También instruyó al Ministerio de Hidrocarburos y Energías y a YLB a «abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a esos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra».
La principal observación surgió a partir de unas pruebas piloto que generaron «falta de abastecimiento de agua» en la zona, lo que causó desconfianza ante la posibilidad de que el proyecto se implemente completamente y afecte a las comunidades del lugar, según explicó a EFE la diputada opositora de Potosí Lissa Claros.
El Ejecutivo boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología de extracción directa del litio (EDL) con las compañías chinas CBC y Citic Guoan, y en 2024 con la empresa rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.
En 2024 se formalizaron los acuerdos con Uranium One Group y CBC mediante la firma de contratos que fueron enviados al Legislativo para su análisis y aprobación, aunque en febrero se suspendió su tratamiento para socializar el contenido de los documentos, ante los fuertes reclamos y dudas de las organizaciones de Potosí.
El Gobierno de Luis Arce asegura que Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en unos 23 millones de toneladas, según un estudio estatal.
La mayor parte de estas reservas se encuentra en el salar de Uyuni, en Potosí, que tienen una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados, y también hay litio en menor proporción en los salares de Pastos Grandes, en el mismo departamento, y Coipasa, compartido entre el departamento de Oruro y Chile.
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