La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó el archivo de obrados de las dos acciones judiciales que buscaban inhabilitar a candidatos presidenciales y legisladores por no haber renunciado previamente a sus cargos públicos, como señala la Constitución Política del Estado (CPE) de forma general.
La primera de estas demandas fue presentada por el diputado cruceño Henry Gutiérrez, de la alianza Creemos, quien el 24 de junio interpuso una Acción de Cumplimiento contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, exigiendo la inhabilitación de tres parlamentarias del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se postulan a la reelección: María José Rodríguez Gálvez, Lidia Tupa Zelaya y Miriam Martínez Michaga.
Sin embargo, este miércoles el propio Gutiérrez presentó el retiro de su demanda y desistió de continuar con el proceso. Así lo confirmó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Aldo Quezada, quien informó que la Sala Constitucional Segunda aceptó el desistimiento, declaró la demanda como retirada formalmente y ordenó el archivo de obrados. “El accionante consideró que existen bienes de importancia mayor en el Estado boliviano”, explicó Quezada.
En paralelo, la demanda presentada el 23 de junio por el abogado Carlos Villarroel contra cinco candidatos presidenciales también fue desestimada. El recurso, que pedía la inhabilitación de Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira por no haber renunciado a sus funciones públicas, fue rechazado por la justicia debido a la falta de requisitos formales.
Previo a estas decisiones, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romel Saucedo, acompañado por Aldo Quezada, había informado que no se admitió la medida cautelar que buscaba suspender las candidaturas. Saucedo fue enfático en señalar que “las elecciones del 17 de agosto están garantizadas” y que “la justicia no permitirá interferencias con fines políticos”.
Con estas resoluciones, se cierra de momento un capítulo de incertidumbre jurídica en el tramo final hacia los comicios generales. A menos de dos meses de la elección, los tribunales refuerzan la estabilidad del calendario electoral y desestiman intentos judiciales que podrían modificar la lista de candidaturas habilitadas.
El Deber
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