El fallo pendiente del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre las elecciones judiciales puede suprimirlas? Así lo advierten diputados de oposición miembros de la Comisión Mixta de Constitución, al recordar una declaración de fines de abril del ministro de Justicia, Iván Lima, y señalar que los magistrados podrían aplicar una interpretación de las normas similar a lo que hicieron sus antecesores cuando avalaron la reelección indefinida del expresidente Evo Morales.
“No hay que descartar que esta sentencia deje de lado la elección judicial y suprima el voto popular en las urnas. Hasta ese tema ya lo ha preanunciado el Ministro de Justicia (…) Lo haría como la reelección indefinida de Evo Morales: usaron como pretexto el control de convencionalidad (…) y en este otro caso podrían hacer lo mismo: podrían decir que el voto popular es contrario a una norma del Pacto de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos) y, por lo tanto, se lo deja sin efecto”, explica a Correo del Sur Radio el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón.
Simplificando, el control de convencionalidad es la obligación de los estados de cumplir sus compromisos internacionales, fundamentalmente en derechos humanos.
El 28 de abril, Lima señaló que está en manos del TCP la posibilidad de que “pueda suprimirse la elección de voto popular”. “Esta es una determinación que va a tomar el TCP, yo no puedo adelantar un criterio de lo que van a decidir ellos, es una de las posibilidades que tiene que tomar el TCP”, declaró entonces.
¿Pero puede el TCP ir más allá de lo planteado por el diputado disidente de Creemos Leonardo Ayala? “Se cree que está por encima del control constituyente”, responde Alarcón.
El 24 de abril, Ayala presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta, solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de la Resolución R.A.L.P 007/2022-2023 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el argumento de que la convocatoria al proceso de preselección de postulantes fue aprobada sin cumplir el requisito constitucional de los dos tercios. En su criterio, la ALP debió ejercer su facultad a través de una ley y la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Desde Creemos, recuerdan que Ayala actúa por fuera de la alianza opositora. La diputada de esa tienda política Tatiana Áñez remarca a FM 90.1 que ellos ven con desconfianza la futura sentencia. Como su colega de CC, cita lo que dijo Lima, “que incluso el Tribunal puede pronunciarse con respecto a la existencia o no de unas elecciones judiciales”.
Alarcón está convencido de que el fallo “va a ser manipulado por el Gobierno”, con el apoyo del TCP y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Venimos denunciando de que el MAS no tiene la intención de que existan las elecciones judiciales y esta serie de recursos que se han activado dentro del TCP nos genera muchísima sospecha porque la única finalidad que ha tenido es de prorrogar y suspender este proceso”, manifiesta Áñez.
Una autoridad judicial que prefirió mantener su identidad en reserva señaló que la clase política apunta al TCP como el que inviabiliza las elecciones judiciales, “cuando ellos están conscientes de que la ALP tiene la obligación de cumplir con la Constitución y aplicar los dos tercios en estas decisiones”.
Se estima que a inicios de julio, el TCP dé a conocer su fallo.
¿FUERA DE PLAZO?
¿Qué hay de la ley transitoria de adecuación de plazos? Alarcón la considera un “elemento distractivo” “porque el que va a rayar la cancha es el TCP”.
Recuerda que ellos sugirieron incorporar a la norma los contenidos principales de la ley de garantías, entre ellos un artículo que garantizara la designación de los postulantes con dos tercios de votos, tal como manda la Constitución; esto no fue aceptado por el MAS, con el riesgo consiguiente de que el proceso siga adelante sin ese requisito, tal como hizo notar CORREO DEL SUR en una nota publicada en su edición impresa el jueves 22 de junio.
Creemos también muestra su preocupación por el respeto a los dos tercios y remarca que el proceso ha sido irregular hasta ahora, desoyendo a la oposición.
“Ya están desfasados los tiempos para llevar adelante la elección este año (…) porque han acortado a 60 días la fase de preselección”, manifiesta Alarcón.
A fines de mayo, el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, señaló julio como plazo fatal para recibir las listas de candidatos y llevar adelante las elecciones este año; el argumento reiterado ha sido que ellos requieren al menos 120 días.
El parlamentario está convencido que la sentencia del TCP habilitará una ley o decreto para la designación de magistrados interinos. Descarta que el Gobierno opte por el decreto por el costo político y sí cree que impulsará una ley que, vaticina, será aprobada por “arcistas” y “evistas”.
Áñez también critica al TSE y apunta que este se vería obligado a transparentar información sobre el padrón electoral.
NEGATIVA
El Órgano Ejecutivo ha negado, de manera reiterada, injerencia en el proceso.
En declaraciones anteriores a los medios de comunicación, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, la senadora del MAS Patricia Arce, señaló que realizarían todos los esfuerzos para llevar adelante las elecciones este año, por instrucción del presidente Luis Arce, pero remarcó que ello estaba en manos del TCP.
Arce hizo una convocatoria a sus miembros hace pocos días, pero varios legisladores del MAS faltaron y no hubo quórum, según Alarcón.
MANDATO
Los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura cumplen su mandato el 2 o 3 de enero de 2024.
Correo del Sur
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