Las elecciones judiciales no se efectuaron en 2023 debido a las diferencias entre la oposición y el oficialismo, y por los constantes recursos judiciales que presentaron los postulantes que quedaron al margen de la selección.
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) anunció este jueves que presentará a la misión internacional de la OEA y la CIDH un informe que, asegura, mostrará que el proceso de las elecciones judiciales que se celebrarán el domingo «no cumplió» con criterios constitucionales por supuestas irregularidades.
El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, denunció que esa entidad ha sido objeto de una «permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas» por parte de «actores políticos», a los cuales no identificó.
Hurtado arremetió contra el Legislativo, órgano encargado de la selección de los postulantes a los altos cargos judiciales, porque, según dijo, los «actores políticos» buscaron generar un «vacío» para que pudieran «a través de pactos políticos designar magistrados que les respondan y manejar la Justicia a su antojo».
Es por esto que el Constitucional presentará a la misión de la OEA y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) «un documento altamente técnico» para «demostrar cómo se intentó politizar un proceso que no cumplió con criterios de meritocracia, equidad de género y plurinacionalidad».
Hurtado indicó que en la víspera, los magistrados del TCP se reunieron con la misión de observación de la OEA y que ese encuentro sirvió para que se «rompa el silencio» ante los ataques que, dijo, sufrió ese tribunal.
Enfatizó que el Parlamento «no cumplió con los tiempos establecidos y menos aún con la sanción de una ley que garantice los derechos constitucionales» de los candidatos, aspectos que «fueron denunciados por los mismos asambleístas nacionales».
«Todo el proceso de selección de candidatos estuvo plagado de denuncias e irregularidades que presuntamente responde a deseos de algunos actores políticos que buscan beneficiar a ciertas candidaturas», añadió.
El presidente del TCP también recordó que la Asamblea Legislativa «tuvo que habilitar candidatos aplazados para llegar a cumplir los requisitos de participación de género e incorporación de candidatos indígenas».
Los magistrados del TCP y de las demás altas cortes de Bolivia han sido criticados por la oposición y por el sector oficialista que respalda al expresidente Evo Morales (2006-2019), por extender su permanencia en el cargo pese a que sus funciones debían acabar a principios de este año.
Las elecciones judiciales no se efectuaron en 2023 debido a las diferencias entre la oposición y el oficialismo, y por los constantes recursos judiciales que presentaron los postulantes que quedaron al margen de la selección.
A pesar de una convocatoria realizada en febrero, los recursos legales en contra de las elecciones continuaron, por lo que el Constitucional consideró que los comicios deben realizarse de manera parcial, pese al reclamo del Tribunal Supremo electoral (TSE) y los partidos políticos que querían un proceso «integral».
Debido a la resolución del TCP, los comicios judiciales se celebrarán este domingo de forma completa tan solo en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, que son cuatro de las nueve regiones del país.
Por el contrario, en los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz los ciudadanos no votarán por los candidatos al TCP, y en los dos primeros tampoco se elegirán nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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