La Viceministra de Comunicación aclaró que Camacho no fue secuestrado, sino aprehendido por la presunta confesión de que su padre cerró un acuerdo con militares y policías para que no repriman las movilizaciones en contra del Gobierno, en 2019.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó este jueves que la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, responde a un proceso del Ministerio Público, que inició en diciembre de 2020, que no tiene nada que ver con las competencias del nivel central del Gobierno.
“Lo que nosotros hemos salido a mencionar, a aclarar, ante las mentiras que se vienen señalado es, precisamente, que la vía, el camino para este caso es el judicial, no es desde el Ejecutivo”, dijo la autoridad en contacto con los periodistas.
Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz por un grupo de élite de la Policía, que dio cumplimiento a una orden fiscal del 31 de octubre de 2022 en el marco del caso Golpe de Estado I. Posteriormente un juez terminó cuatro meses de detención preventiva para el excívico en el penal de Chonchocoro, en La Paz.
En ese contexto, la Viceministra de Comunicación aclaró que Camacho no fue secuestrado, sino aprehendido, acusado por terrorismo en grado de autoría por los conflictos de noviembre de 2019, donde una movilización social generó la asunción de un gobierno de facto.
“Se está hablando de un secuestro. ¡Para nada! Un secuestro es un delito, es la retención de una persona sin ninguna base legal, y aquí claramente ha señalado el Ministerio Público las cuatro citaciones, la aplicación del Código Penal ante esta inasistencia, del artículo 226. Que digan que se ha secuestrado, para nada, se ha seguido todo el proceso que está en nuestra normativa y bajo el debido proceso”, señaló.
Ante la desinformación que se generó en relación a la aprehensión, afirmó que el proceso está en el ámbito judicial y el Gobierno nacional es respetuoso de aquello.
“Ustedes -periodistas- saben muy bien que el señor Carlos Mesa, por ejemplo, ha sido convocado a declarar, ha asistido, y bueno ha seguido. ¿Por qué Camacho no asistió?, no entendíamos, ha sido convocado cuatro veces, no ha prestado sus declaraciones como cualquier ciudadano, por un hecho sucedido precisamente en 2019”, enfatizó.
Recordó que existen videos que motivan el proceso penal, como la conversación que sostuvo el entonces líder cívico con afines del Comité pro Santa Cruz, la cual circula en las redes sociales, donde confesa la intervención de su padre con la Policía y las Fuerzas Armadas para consolidar la crisis de noviembre de 2019, con el cambio a un gobierno de facto.
“Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan (…) con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo)”, dijo Camacho a un grupo de personas en ese video.
Alcón lamentó que, a partir de la interrupción del orden democrático, se haya generado y desencadenado graves violaciones a los derechos humanos y 36 muertes. Afirmó que estos hechos deben ser investigados porque son pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y de las familias y víctimas de las masacres que piden justicia.
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