El pacto de legisladores «evistas», «camachistas» y «mesistas» fue materializado con el rechazo al Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023, que apunta a generar inestabilidad en el Gobierno, advirtió la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
«Este tipo de pactos, esta nueva coalición, está generando precisamente esta inestabilidad en el Gobierno», alertó.
La madrugada de este martes, 92 legisladores que responden a Evo Morales, a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho votaron por el rechazo del Proyecto de Ley N° 464/2022-2023 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023, frente a los 62 que optaron por su aprobación.
La decisión de la mayoría opositora impide que las entidades del sector público accedan a un presupuesto agregado de Bs 6.455.173.440 y a un consolidado de Bs 5.421.775.252, de ese monto se debe destinar Bs 868 millones a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.
Un acuerdo entre senadores del ala «evista» y las opositoras Creemos, de Camacho, y Comunidad Ciudadana (CC), de Mesa, antecede al rechazo de este proyecto de ley. El pacto posibilitó que el senador Andrónico Rodríguez sea reelegido por cuarta vez consecutiva como presidente del Senado, el pasado 7 de noviembre.
Alcón lamentó que por «una decisión política, por un pacto que se ha ido consolidando, que se ha realizado, que se ha visto ya en la Cámara de Senadores» se perjudique a la población.
Contó que un alcalde le expresó su preocupación ante lo ocurrido en el Legislativo, porque contaba con los recursos del PGE Reformulado para comprar medicamentos para atender las necesidades de su población.
Otros tantos municipios no podrán cubrir las planillas de salarios de sus funcionarios o cerrar los proyectos licitados.
«Este es un sabotaje contra el pueblo boliviano», reprochó la autoridad.
Mientras autoridades de los municipios y universidades se declararon en emergencia. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, abrió la posibilidad de reconsiderar el proyecto de ley para lograr su aprobación.
Al respecto, Alcón dijo que «es el pueblo boliviano el que tiene que responder, el que va a evaluar a las autoridades, y esperemos que la unidad de los mismos sectores, que se ven afectados, pueda incidir en la respuesta que tienen que dar las distintas autoridades políticas hacia el pueblo boliviano».
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