El Gobierno afirmó ayer que los gobiernos subnacionales, gobernaciones y municipalidades, cuentan con 7.222,8 millones de bolivianos para atender la pandemia durante este año, recursos que según el nivel central deben ser destinados a la contratación del personal sanitario que refuerce la lucha contra la Covid-19, entre otros.
Los gobiernos regionales dicen que la entrega de ítems y el pago del personal de salud es tuición de las autoridades nacionales, para asegurar la atención en los sanatorios que administran.
“A los gobiernos subnacionales les hemos explicado que a la fecha se tiene un presupuesto en los gobiernos departamentales y municipales de 6.880 millones de bolivianos que ya están registrados en el PGE 2021; adicionalmente a esto se tienen saldos de recursos sin registrar de 253,8 millones y un remanente no ejecutado del Seguro Universal de Salud (SUS) de 88,2 millones. Entonces tendríamos 7.222,8 millones de bolivianos para la atención de la salud en los gobiernos subnacionales”, detalló el viceministro de Presupuesto y Contabilidad, Zenón Mamani.
Agregó que para la disposición inmediata requieren que las gobernaciones registren esos recursos, entre ellos un saldo de los 274,6 millones de bolivianos, de los cuales sólo anotaron 21 millones, y se tienen pendientes otros 253,6 millones que provienen de recursos no ejecutados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del fondo de la Covid-19, dispuesto en la Ley 1307 de junio de 2020, que reasigna dinero a favor de alcaldías, gobernaciones y universidades.
La autoridad también cuestionó que las regiones como Beni, Santa Cruz, Oruro y Chuquisaca no hayan previsto ni un centavo para la atención de la crisis sanitaria, algo parecido a lo que sucede con las alcaldías de Cobija, Tarija, Potosí y Cochabamba.
Ante la consulta de cuál es el aporte del Gobierno para atender la pandemia, Mamani indicó que garantizan la compra de vacunas y las pruebas antígeno nasales; además, contratarán personal de salud mediante la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), financiado con recursos del Banco Mundial, que destinó 30 millones de dólares.
La Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) adicionó 50 millones de dólares para la atención de proyectos de salud, compra de insumos médicos y equipamiento de bioseguridad.
Las gobiernos regionales
Al respecto, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Marcelo Ríos, sostuvo que de los saldos del SUS ya se presentó la solicitud para la inscripción de un monto total de 26 millones de bolivianos y así contratar personal de manera temporal y adquirir insumos, entre otros.
Sin embargo, aclaró que este presupuesto no es suficiente, por lo que se demanda al Ministerio de Economía que colabore en la celeridad de los trámites para inscribir estos recursos y así “dar respiro a este ahogo que está viviendo la población” a causa del rebrote de la Covid-19.
“No debemos olvidar que aún esperamos el aporte en recursos económicos que el Gobierno nacional está obligado a hacer, porque es una emergencia nacional y, además, porque el tema de los recursos humanos es su competencia”, manifestó Ríos.
El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, indicó que desde el año pasado atendieron la pandemia con más de cinco millones de bolivianos para la compra de 90 respiradores, construcción de un centro Covid, de un laboratorio de biología y la compra de insumos.
“Pedimos que el Gobierno también cumpla con sus responsabilidades, que no se lave las manos. Eso significa que asegure los contratos de 278 ítems del personal médico y tiene que hacerlo de inmediato, ya que han vencido sus contratos. Es la primera obligación que tiene con la lucha de la pandemia”, declaró.
De forma paralela, sostuvo que deben facilitar la llegada de reactivos para los laboratorios y garantizar la vacuna anti-Covid.
Ardaya apuntó que la Gobernación encaró la construcción de cuatro hospitales, entre ellos uno de tercer nivel, y para los otros se requieren salubristas.
El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación de Cochabamba, Carlos Solá, apuntó que del total destinado para atender la Covid en 2020, sólo les queda un remanente de cuatro millones de bolivianos y que este año presupuestaron tres millones para el área médica, al tomar en cuenta que sufrieron un recorte de 51 millones, es decir, 30% menos en su Programa Anual Operativo (POA).
Por lo tanto, sólo disponen de siete millones de bolivianos, cuando en realidad requieren por lo menos 50 millones de bolivianos para atender la crisis.
“En el encuentro del lunes hemos planteado la creación de un programa nacional para atención de la Covid-19, que tiene que ir acompañado con recursos específicos, destinos para personal, equipamiento e insumos. De parte del Gobierno central necesitamos recursos humanos para los hospitales de segundo nivel, hospitales Covid que están equipados, pero no tienen personal y no pueden funcionar”, indicó.
Por ejemplo, comparó que como autoridad departamental sólo le alcanza para hacer contratos temporales de tres meses para el personal médico, pero que por crecimiento vegetativo Cochabamba requiere 4.000 ítems, de los cuales, sólo para paliar la pandemia, necesitan 700 ítems, que debe crear el ministerio.
El director del Sedes Beni, Erick Vallejos, añadió que cuando el Gobierno les informe que pueden usar los saldos, dispondrán de 16,3 millones de bolivianos para recontratar personal médico y luego garantizar los servicios de tercer nivel.
Cochabamba afirma que recursos no son de libre disponibilidad
El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación de Cochabamba, Carlos Solá, afirmó ayer que los recursos de los que habla el Gobierno no son de libre disponibilidad, ya que destinar ese presupuesto al área de salud implica tener problemas con la población, que reclama obras.
“Evidentemente esos presupuestos existen, pero no se pueden disponer para el área de salud; entonces, se requiere una disposición del nivel central, porque eso significa paralizar las obras que ya están en marcha como caminos, puentes, riegos y otras infraestructuras; por ende, que se registren problemas con las comunidades, porque esas obras benefician a una cierta población”, indicó el funcionario.
Por ejemplo apuntó que en 2020 ya se dejaron de ejecutar tres proyectos, para los cuales habían reservado 55 millones de bolivianos, recursos que se destinaron a la atención de la pandemia, una decisión que les causó conflictos con las organizaciones sociales, indicó.
El secretario agregó que destinar los recursos sólo para salud además implica la paralización de la generación de empleos, debido a la falta de las construcciones que hacían.
Pagina Siete
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