El Gobierno responsabilizó al representante de la OEA, Luis Almagro, por la salida del poder de Morales que considera fue producto de un “golpe de Estado” y así lo hace conocer en todas las oportunidades que se le presentan. Su posición recibe el respaldo de diferentes organismos internacionales.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reclamó por la “injerencia colonialista” del organismo internacional en asuntos internos bolivianos y advirtió que utilizando el discurso sobre derechos humanos favorece a los intereses particulares y políticos que representa. También explicó que Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia y que debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad.
Desde el MAS anunciaron un juicio en las instancias que correspondan y hasta propusieron desvincularse del organismo mientras su secretario continúe ejerciendo funciones.
En el Parlamento nacional, el oficialismo aprobó una resolución en contra de lo que considera una “injerencia” de la OEA por sus pronunciamientos sobre la situación de Áñez, después de una accidentada sesión.
El documento ya fue aprobado en la sesión del Senado y el MAS promovió lo mismo en la Cámara baja, en medio de airadas protestas de las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos.
La tensión fue tal que cuando el diputado opositor Erwin Bazán se acercó a la testera de la Cámara baja para hablar con la directiva, dos parlamentarias oficialistas lo tironearon de los brazos y lo obligaron a retroceder a empujones hasta el pasillo del hemiciclo donde se armó una discusión entre parlamentarios de ambos bandos.
«El MAS es violencia» y «fraude» fueron las consignas opositoras, mientras que el oficialismo gritaba «justicia» y «asesinos».
El partido gubernamental finalmente impuso su mayoría.
RECHAZO
Organismos que acogen a representantes de diferentes países también pusieron su mirada en Bolivia por su situación actual.
El secretario Ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, se refirió a Almagro y dijo que no tiene autoridad moral para pronunciarse sobre Bolivia.
Desde el Parlamento Andino exigieron una auditoría al informe del organismo, en el que hizo referencia a que existieron indicios de fraude en las elecciones de 2019 que derivaron en un “quiebre constitucional”.
El presidente del Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Oscar Laborde, indicó que la Secretaría General de la OEA trata de impedir las investigaciones sobre los hechos de violencia de 2019 en Bolivia para evitar que se compruebe su complicidad en el denunciado golpe de Estado. Dijo también que Almagro pretende promover otros actos irregulares similares en la región.
En la misma línea se pronunció el ex Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Denis Racicot. Aseguró que hubo un golpe y que el exlíder cívico cruceño y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, intenta polarizar al país y repetir acciones violentas y en contra de la democracia. Dijo también, según ABI, que la aprehensión de Áñez busca esclarecer lo ocurrido en 2019 y aseguró que ella se “autoproclamó” sin respetar las normas de sucesión constitucional.
Racicot coincidió con el exsecretario de la CIDH Paulo Abrāo, sobre la necesidad de investigar y sancionar a los líderes de grupos de choque que actuaron en los conflictos postelectorales.
Entre tanto, La Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) presentaron dos denuncias ante la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias y ante el Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU, según Camila Barreto Maia, coordinadora internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) de Argentina. Hacen referencia a ejecuciones extrajudiciales y otras “graves violaciones de derechos humanos” por las masacres de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) en 2019.
A su vez, el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh) recordó que Áñez cometió graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y criminalizó las protestas sociales, por lo que se suma a “los anhelos de justicia y verdad”.
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