La sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó reconducir los procesos y no la inocencia del alcalde de Cochabamba y exprefecto, Manfred Reyes Villa, por lo que las causas en su contra continuarán, afirmó este lunes el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
«No es que el juicio (contra Reyes Villa) se ha acabado, no se ha archivado obrados, no se ha dictado la inocencia o el sobreseimiento (del alcalde), lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es: ‘reconduzcan el procedimiento, no vayan por el juicio ordinario porque le corresponde juicio de responsabilidades'», explicó en una conferencia de prensa.
En varios de los 13 procesos vinculados a denuncias de corrupción, Reyes Villa se encuentra con medidas precautorias como restricción del derecho propietario.
El 31 de mayo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Sentencia Constitucional 0405/2023-S4, en cumplimiento de una resolución de admisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advirtió la vulneración del debido proceso en el caso de Reyes Villa porque como exautoridad le corresponde un juicio de responsabilidades.
En su sentencia, el TCP argumenta que la aplicación de ley debe realizarse en el tiempo o momento en el que se produjeron los hechos por los que se acusa a Reyes Villa, que corresponden a las gestiones 2006 al 2008, y la normativa de entonces establecía el juzgamiento de privilegio para las primeras autoridades de gobierno, prefectos y ministros de Estado, a diferencia de lo que ocurre a hora que solo alcanza al presidente y al vicepresidente.
Siles argumentó que el TCP obró conforme a derecho, a su independencia, legalidad y al Estado de derecho, y lo que corresponde ahora es que todos los obrados sean remitidos a la Fiscalía General del Estado, y que en un plazo de 30 días defina si presenta el requerimiento de juicio de responsabilidades contra el alcalde cochabambino a la Asamblea Legislativa.
Al momento, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene 20 juicios de responsabilidades pendientes de autorización legislativa para su juzgamiento, muchos de ellos contra exprefectos, exministros y otras exautoridades como: Carlos Nicanor Cortez Aparicio exprefecto de Chuquisaca, Luis Alberto Aguilar exprefecto de Oruro, Felipe Marcelo Arana Ostria exprefecto de Chuquisaca y Leopoldo Fernández Ferreira exprefecto de Pando.
En ese contexto, Siles negó que exista un «pacto de impunidad» con cualquier autoridad, como lo sugieren algunos políticos y analistas.
Afirmó que el Gobierno nacional agotará «todas las instancias para exigir que se condenen esos delitos que se habrían cometido, y que, además, se recuperen los daños económicos al Estado».
Recordó que la Constitución Política del Estado establece que los delitos de corrupción «son imprescriptibles, al igual que las deudas económicas con el Estado».
ABI
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