Miguel Castaños, abogado de las víctimas de los fallecidos por la caída de una baranda en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), denunció que el caso fue cerrado por la fiscalía luego de que se llegara a un acuerdo para que los acusados se sometan a juicios abreviados.
El hecho sucedió el pasado 2 de marzo, cuando 11 estudiantes de la UPEA cayeron del quinto piso de la Facultad de Financieras. Siete fallecieron y cuatro resultaron heridos.
La caída se produjo en medio de empujones en una asamblea estudiantil convocada ilegalmente en medio de la pandemia.
“Este caso lo han cerrado, a un acuerdo han llegado entre Ministerio Público, el Rector de la universidad y los imputados para cerrar el caso”, dijo el abogado a Red Uno.
Aseveró que la defensa de las víctimas no fue notificada del cierre y que los siete imputados se sometieron a procesos abreviados que concluyeron con sentencias cortas, por lo que evitaron la cárcel y ya están libres.
“No recibieron indemnización los familiares, no hay responsabilidad civil.
El Ministerio Público ha ignorado ese derecho que les corresponde a las víctimas, personas que son de escasos recursos”, dijo el abogado.
Aseveró que se ha presentado un recurso para ampliar la investigación y que se espera una respuesta de la fiscalía.
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