El proyecto de reglamento de ese partido para seleccionar al titular señala que los postulantes no deben haber participado “en la ruptura del orden constitucional”.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) proyecta excluir del proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo a los actores de 2019 e incluso a los que se movilizaron tras las elecciones fallidas de ese año.
“No haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto, ni en la ruptura del orden constitucional”, señala el requisito 15 del proyecto de reglamento planteado por la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
En el reglamento para el proceso de selección del año 2016 ese requisito se centraba solamente en “no haber participado o estar involucrado en actos de gobierno de facto”. En el proyecto formulado por el partido azul se adiciona la cláusula respecto a la denominada “ruptura de orden constitucional”.
En contacto con Página Siete, el jefe de bancada del MAS en Diputados Gualberto Arispe, uno de los proyectistas del reglamento, señaló que ese requisito está relacionado con las personas que participaron en el gobierno de transición de 2019.
“Estamos hablando de una persona neutral (que debe ocupar el cargo). No estamos hablando de personas que han participado en esos hechos, por decir en el gobierno de facto. Esos son políticos y los políticos no pueden optar a este cargo”, aseguró el legislador.
Consultado si la disposición alcanzaría incluso a quienes se movilizaron en 2019, Arispe respondió lo siguiente: “Yo creo que se han movilizado los políticos y estamos hablando para este cargo de personalidades que tienen mucha trayectoria sobre todo en defensa de los derechos humanos”.
Óscar Balderas, diputado de Comunidad Ciudadana, sostuvo que esa cláusula muestra la tendencia en la que siempre incide el oficialismo: introducir “alguna trampa”.
“Hay una actitud sesgada y sectorial y, por supuesto, además, parcializada partidariamente para restringir a que esto sea abierto”, lamentó.
Según el legislador, el oficialismo introdujo ese requisito para castigar a quienes se manifestaron en 2019, y como un mecanismo para “cernir” a potenciales postulantes a la Defensoría del Pueblo.
“Obviamente, el MAS ha puesto eso de forma de castigar a quienes han defendido la democracia, y para, principalmente, aplicar un cernidor inconstitucional, que además atenta contra los derechos humanos. Cualquier persona que se ha manifestado abiertamente ya tiene una restricción”, aseguró el asambleísta.
Sergio Maniguary, diputado de Creemos y secretario de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, recordó que la ALP debe seleccionar por dos tercios al nuevo Defensor, algo de lo que carece el MAS.
El opositor sostuvo que la selección del Defensor del Pueblo debe realizarse por consenso. “Si se da el tema de los postulantes en consenso, ahí recién puede haber dos tercios”, manifestó.
El legislador expresó que el nuevo Defensor no debe ser político, sino una persona intachable. “El perfil tiene que ser apolítico, no tiene que estar involucrado por lo menos 10 años en ninguna actividad política. Ser una persona proba, que demuestre que su conducta ante el pueblo boliviano ha sido intachable, que tenga una carrera profesional digna”, aseveró.
Arispe y el senador Leonardo Loza, jefe de bancada del MAS en la Cámara Alta, son los proyectistas del reglamento para la selección y designación del nuevo titular del Defensor del Pueblo. Ambos presentaron el proyecto el pasado 23 de febrero y hoy se tiene previsto que sea abordado en la sesión de la Comisión Mixta de Constitución, desde las 10:00, en el Legislativo.
Pagina Siete
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