Después de que una Comisión Legislativa aprobó la tramitación de un juicio de responsabilidades por el caso Quiborax, el expresidente Carlos Mesa consideró que es una pretensión mentirosa, puesto que en realidad lo que hizo fue nacionalizar los recursos del Salar de Uyuni y expulsar a una empresa “pirata” que había recibido irregularmente una concesión.
Denunció que, por el contrario, hubo una “complicidad” de funcionarios de Evo Morales con dicha empresa, para pagarle 42 millones de dólares por un resarcimiento. Incluso involucró al actual presidente Luis Arce, que era Ministro de Economía cuando autorizó ese pago.
Mesa es acusado de conducta antieconómica y otros delitos, debido a que durante su gestión anuló una concesión a la empresa chilena Quiborax para explotar recursos en el Salar de Uyuni, lo cual derivó en un proceso de arbitraje y un pago de 42 millones de dólares de parte del Estado.
El exmandatario dijo que nacionalizó el Salar de Uyuni y lo declaró tierra fiscal y que, luego, anuló la concesión de la empresa Quiborax al constatar que era ilegal, no pagaba impuestos, no respetaba temas ambientales y declaraba exportaciones muy inferiores a las reales,.
Señaló que incluso el posterior Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé ratificó esa decisión.
Aseguró que “los piratas” de la empresa Quiborax falsificaron su acta de constitución, para fingir que su mayoría accionaria era extranjera y así obligar a Bolivia a ir un proceso de arbitraje.
Denunció que el Procurador General de Evo Morales, entonces Héctor Arce, sabía que había una falsificación (incluso reconocida por el autor de la misma), pero no hizo el reclamó respectivo para evitar el arbitraje internacional.
Además, señaló que las autoridades de entonces, en el periodo de Morales, no aceptaron un acuerdo propuesto por Quiborax de 3 millones de dólares de compensación.
También denunció que, de manera increíble, se permitió que abogados chilenos de Quiborax trabajen en instalaciones de la Procuraduría, con el fin de que Bolivia desista de un juicio y se libere a los responsables de la falsificación.
Con un fallo en contra, Bolivia aceptó pagar los 42 millones de dólares a Quiborax. Mesa señaló que en el acuerdo para ese pagos están implicados el exprocurador Héctor Arce, su sucesor Pablo Menacho, el exministro de Minería, César Navarro, y quien autorizó el desembolso, el entonces ministro Luis Arce.
Consideró “escandaloso” llevar adelante ese pago desistiendo de la acusación contra falsificadores.
Dijo que el juicio emprendido en su contra es una muestra de que “el Ministerio Público boliviano es un grupo de obsecuentes, corruptos militantes del MAS y además ineptos desde el punto de vista profesional!”.
La amnistía
Mesa recordó que en 2018 Evo Morales decretó la amnistía en su favor por el caso Quiborax y la Asamblea ratificó la misma. Entonces, el entonces mandatario había hecho el anuncio como una señal de unidad para encarar el juicio contra Chile en La Haya por el mar.
El líder de Comunidad Ciudadana dijo que la amnistía es una decisión jurisca que causa Estado y que no es modificable.
Ratificó que ha rechazado esa amnistía, pero aclaró que ese rechazo es “testimonial” y no elimina la obligatoriedad del decreto.
Mesa señaló, además, que la intención de la amnistía era en realidad proteger a quienes considera culpables del pago de 42 millones de dólares a Quiborax: Héctor Arce, Pablo Menacho, César Navarro y eventualmente Luis Arce.
Se requiere dos tercios de la Asamblea para aprobar el juicio a Mesa. El exmandatario preguntó su la Asamblea borrará con el codo lo que firmó con la mano respecto a la amnistía.
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