La exalcaldesa interina Angélica Sosa afronta procesos en su contra por el caso BRT, caso Vertedero, caso Ítems Fantasma y el caso Prestín.
El vocero de la Dirección Jurídica de la Alcaldía de Santa Cruz, Bernardo Montenegro, informó este miércoles que el daño económico a Santa Cruz del caso Prestín supera los Bs 300 millones.
Tras el hallazgo de 25 inmuebles, una lancha y remolques a nombre de la exalcadesa de Santa Cruz Angélica Sosa y su difunto esposo Sergio Perovic, el funcionario reveló que el caso continúa creciendo con el hallazgo de bienes y “grandes” irregularidades durante su gestión.
En entrevista de La Razón Radio, el abogado señaló que se identificó a una tercera persona, “un palo blanco”, que compraba los bienes para la exautoridad, y ahora el Ministerio Público deberá definir su situación legal.
Asimismo, aseguró que dentro del caso existen cuatro imputados con detención preventiva, pero que, tras la pesquisa, probablemente aumentarán una o dos personas imputadas más.
En cuanto a la investigación del caso, informó que existe un avance importante en las pesquisas, las declaraciones y los imputados.
El caso denominado Prestín consistía en un negocio ilícito de préstamos multimillonarios administrados por Sergio Perovic dirigidos a funcionarios de la Alcaldía con elevadas tasas de interés. Los fondos usados en el ilícito presuntamente provenían de recursos robados a la comuna.
Sosa afronta procesos en su contra por los casos BRT, Vertedero, Ítems “fantasma” y Prestín. Actualmente, Sosa guarda detención preventiva en la cárcel de Palmasola.
Investigación
En abril de 2023, la justicia ordenó la detención preventiva de Sosa por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La exautoridad fue enviada al penal por cinco meses, en tanto la investigación del caso continúa.
El difunto exesposo de Sosa, Sergio Perovic, falleció en mayo de 2022 en Argentina. El sindicado fue investigado por el Ministerio Público desde febrero de 2022 por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, luego de ser señalado por prestar dinero proveniente de ítems fantasmas a funcionarios públicos.
La Razón
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