El último reporte del Ministerio Público estableció que la mayoría de los feminicidios se registraron en Santa Cruz (13), La Paz (7) y Cochabamba (7), departamentos del llamado eje central del país, además de Potosí (5).
A estos se suman los hechos en Tarija (3) y Beni (2) mientras que en las regiones como Oruro, Chuquisaca y Pando se reportó un caso, respectivamente.
En el más reciente de los sucesos la víctima fue una mujer de 33 años asesinada presuntamente por su pareja, un hombre con el que mantenía una relación hace unos 6 años, indicó la Fiscalía.
El hecho sucedió en un barrio de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y la causa de la muerte fue por «asfixia mecánica por estrangulamiento», informó a los medios el fiscal Edwin Sarmiento.
Sarmiento indicó que el agresor llevó a la mujer a un hospital para que sea auxiliada, pero los médicos no pudieron salvarla.
Al conocer sobre el deceso de la mujer, el hombre ingresó a uno de los ambientes del hospital e intentó quitarse la vida bebiendo una sustancia tóxica, pero consiguieron auxiliarlo, por lo que ahora deberá comparecer ante un juez, dijo el fiscal.
Entre el 1 de enero y el 1 de junio, el Ministerio Público registró unos 20.456 casos relacionados con algún tipo de violencia contra mujeres, adolescentes y niños.
La mayoría son casos de violencia doméstica (15.615), abuso sexual (1.456), violación (1.160) y violación de menores (1.031), entre otros.
Asimismo, la Fiscalía reportó siete infanticidios en los departamentos de Santa Cruz (2), La Paz (2), Cochabamba (2) y Oruro (1).
Los constantes casos de violencia de género colocan a Bolivia entre los países más violentos de la región.
Hace más de una década en Bolivia se aprobó la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que, entre otros, castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Sin embargo, diferentes organizaciones feministas han reclamado varias veces que la norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales, la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias de violencia machista.
En julio del año pasado el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley para reformar y «fortalecer» esa norma, pero hasta el momento no se ha tratado en el Parlamento.
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