Cecilia Pérez, abogada paraguaya del exministro de Defensa Luis Fernando López, informó que Bolivia ha pedido la extradición de su cliente por delitos de contenido patrimonial que no están contemplados en la legislación paraguaya.
En conversación telefónica con la red Erbol, explicó que el pedido boliviano contiene una «variedad de figuras. Nosotros no tenemos delitos de conducta antieconómica y otros delitos de contenido patrimonial». Además, precisó que en la solicitud «no hay delitos de terrorismo ni nada parecido».
El abogado de la exdiputada denunciante Lidia Patty, Jorge Nina, había informado el 25 de agosto de 2022, que López fue imputado por la Fiscalía boliviana por delitos de terrorismo y conspiración en el caso del supuesto golpe de Estado en Bolivia. Pérez sostiene que esta información no llegó a Paraguay.
Según el Manual para la Tramitación de la Extradición del Órgano Judicial de Bolivia, uno de los requisitos para proceder con la extradición es que los delitos imputados por el país solicitante, en este caso Bolivia, sean similares a la legislación del país requerido, es decir, Paraguay. Pérez argumenta que el delito de conducta antieconómica no está contemplado en la legislación paraguaya.
También confirmó que López ingresó a Paraguay en julio de 2023 desde Brasil, donde inicialmente tenía estatus de refugiado político tras el retorno al poder del Movimiento al Socialismo en 2020. Desde entonces, López ha recibido un estatus de refugiado político provisional concedido por la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare-Paraguay), lo que le permite llevar una vida relativamente normal en el país.
La entrevista periodística se produjo después de que el viceministro de Régimen Interior y excomandante de la Policía Boliviana, general Jhonny Aguilera, diera por hecho la detención de López, aunque luego fue desmentido por el titular de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Pérez señaló que la solicitud de extradición llegó a Paraguay a fines de enero de 2024 y que se enteraron de ella en los primeros días de febrero, cuando recibieron el pedido de extradición enviado desde Bolivia.
La Fiscalía paraguaya solicitó y el juez concedió una orden de detención sin conocer la condición de refugiado político de López, lo que llevó a revocar la orden de aprehensión emitida por el mismo juez y a suspender todos los trámites de extradición.
Aseguró que López no puede ser extraditado ni devuelto a su país ni expulsado, y aclaró que no tiene ningún requerimiento de Estados Unidos ni está siendo investigado por los delitos atribuidos al exministro de Gobierno Arturo Murillo, actualmente preso en una cárcel de Miami.
Consultada sobre si López tiene la intención de volver a Bolivia, Pérez manifestó que si existen garantías y las condiciones lo permiten, podría hacerlo, pero actualmente no hay garantías para su vida ni su integridad física.
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