Iván Arias, exministro de Obras Públicas y actual alcalde de La Paz, explicó que en 2019 asumió la aprobación de los decretos supremos 4116 y 4168 (referidos a la compra de gases lacrimógenos mediante una empresa intermediaria) porque se hizo respetando el procedimiento de control de legalidad y con base en la Ley 400 sancionada en la gestión del entonces presidente Evo Morales.
“No recuerdo que haya habido alguna observación, pero en todo caso la aprobación de un decreto que está basado en un marco legal existente no define los detalles, en este caso de compras a quiénes ni de dónde. Es una norma general que sólo autoriza la compra o adquisición de bienes y servicios”, contestó en su declaración ante la Policía, la cual fue publicada este sábado por el Ministerio de Justicia en su cuenta en Twitter.
Antes, explicó que los decretos se aprueban en Gabinete luego de que el ministerio interesado presenta el proyecto a la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Estratégicas, que a su vez hace una revisión con los técnicos de esa cartera antes de pasar por una filtro final del Consejo Nacional de Política Económica y Social para luego llegar recién al equipo de ministros y al Presidente.
En este contexto, señaló además que la aprobación se dio presumiendo la legalidad. “Dada la especialidad de los mismos y presumiendo la legalidad de los mismos, asumimos la aprobación de los decretos”, dijo.
Arias como otros exministros del gabinete de Jeanine Añez fueron citados para explicar cómo se aprobaron estos decretos.
Página Siete
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