Al cumplirse 391 días desde que fue detenida en Beni, la expresidenta interina Jeanine Añez tomó la palabra este viernes, en el marco del juicio oral en su contra por el denominado caso «golpe de Estado II». Durante su declaración, la exmandataria se declaró en la «indefensión» y dijo que hasta al peor dictador le respetaron sus derechos.
«Hace 390 días que estoy sometida a procesos totalmente injustos que no he cometido. Lo cierto es que hace 390 días nosotros, a través de mis abogados, hemos presentado una serie de recursos y nos los han negado absolutamente todos. Por eso, este es un proceso eminentemente político donde yo estoy en absoluta indefensión», expresó.
«Conmigo han sido implacables porque es muy fácil estar condenando a una mujer, porque en este país, hasta en la peor dictadura, ese que fue presidente dictador, tuvo un juicio de responsabilidades. Le respetaron sus derechos, derechos que a mí no me han respetado desde el inicio de este calvario».
Añez culpó directamente a Evo Morales por los hechos de violencia de 2019, ya que considera que si se hubiera cumplido la Constitución en cuanto al límite de repostulaciones, los enfrentamientos se hubieran evitado.
A su vez, calificó a Adriana Salvatierra y Víctor Borda como “cobardes”, ya que asegura que eludieron la presidencia porque sabían que tenían “un país en llamas”.
«Se le preguntó a Adriana Salvatierra si ella asumiría la presidencia por sucesión constitucional y claramente dijo ´no´. ¿Por qué no está ella de testigo para que manifieste por qué no se atrevió a asumir, que le correspondía? Más bien renunció públicamente y quiero decirles que todos los parlamentarios, por lo menos de oposición, teníamos toda la buena fe, a pesar de estar en esos momentos de convulsión. Convocamos a una sesión para tratar la renuncia de la presidenta porque ellas se habían comprometido a estar ahí, pero nos boicotearon. (…) Adriana Salvatierra nos biocoteó la sesión (…) Se ocuparon de llamar a todos para que no haya quórum en la sesión de la Asamblea porque seguramente ellos ya tuvieron otra instrucción», expresó y dijo que a ellos es a quien deberían procesar por incumplimiento de deberes.
Cuestionó la hipótesis del golpe de Estado y recalcó que un gobierno de facto no existe una Asamblea Legislativa en funciones.
«Hemos trabajado en coordinación con la Asamblea, yo no sabía que un Gobierno de facto tenía una Asamblea que legislaba. Lo que se quería era pacificar el país por tantos hechos de violencia, donde ya habían muertos» subrayó.
«Fui bastante clara desde el principio, cuando manifesté públicamente que me correspondía por sucesión constitucional, pero que no me iba a imponer, que si habían otras opciones, yo estaba para aportar a la pacificación del país. No estaba para imponerme, no estaba en condiciones de estar instruyendo ni dando órdenes a nadie. No tenía voz ni voto ni en mi partido, mucho menos voy a tener teléfonos, contactos con militares. (…) No pueden decir que esto fue algo orquestado, yo fui producto de esa situación de convulsión, yo fui una consecuencia de esa convulsión social», manifestó.
Sostuvo que tuvo que asumir la presidencia «por responsabilidad» y que el objetivo era liderar un Gobierno de transición de solo tres meses, pero que las condiciones no se lo permitieron.
«No lo hice sola, lo hice con todas las instituciones y las organizaciones sociales. (…) Pacificamos al país, llamamos a elecciones y ahora hay un presidente constitucional».
La ex jefa de Estado sostuvo que no reconoce al tribunal o las acusaciones en su contra, al considerar que están motivadas por factores políticos. Recordó que nunca pidió impunidad, pero reiteró que, si cometió algún delito, correspondía un juicio de responsabilidades.
«Lo jurídico aquí no vale nada, este es un juicio político y yo soy una presa política. (…) Yo no reconozco a este tribunal, yo no reconozco a la acusación de los señores fiscales porque están actuando políticamente. Yo, como exsenadora y como expresidenta, les guste o no, yo tendría que ser sometida a un juicio de responsabilidades».
Tras más de 30 minutos de declaración, Añez finalizó y el tribunal llamó a un receso de 10 minutos para que la exmandataria sea atendida. En el turno del contrainterrogatorio de la acusación, la exmandataria se acogió al derecho constitucional al silencio.
Dentro de este caso, Añez y miembros de las fuerzas del orden son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Ambas faltas suman una pena máxima de 14 años de prisión. El ministro de Justicia, Iván Lima, en meses pasados, estimó que la justicia determinará 12 años de cárcel para los demandados.
Pagina Siete
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