El monto de los bonos sociales destinados a ciertos sectores vulnerables de la población va en aumento, debido al crecimiento vegetativo de los beneficiarios. Sin embargo, el dinero para cumplir con ellos es cada vez más escaso. Por ello, el Gobierno se ve en la necesidad de ampliar las fuentes de financiamiento, por lo que incluye a más empresas públicas.
Los analistas señalaron que el hecho de que cada vez se requiera más dinero para pagar los bonos es una certeza, lo incierto es de dónde saldrán los recursos en el futuro próximo.
«Se consideraba que había fuentes de financiamiento seguras para los bonos sociales, que venían de las utilidades de las empresas públicas y recursos del TGN y el IDH. Pero el IDH fue cayendo y las utilidades de las empresas en muchos casos cayeron también y en otras no se llegaron a dar. El modelo económico no ha sido satisfactorio en la generación de ingresos para mantener estos bonos», dijo el consultor financiero Jaime Dunn.
Dunn añadió que, «a mediano y largo plazo, el financiamiento de estos bonos es totalmente incierto. Lo que sí tenemos claro es que los montos requeridos van a ir subiendo por la cantidad de beneficiarios».
Actualmente, hay cinco bonos sociales, que para 2023 se prevé demanden 7.410 millones de bolivianos para 4 millones de beneficiarios, lo que equivale a poco más del 30 por ciento de la población.
En orden de costos, el bono más caro es el de la Renta Dignidad (6.424 millones de bolivianos), seguido por el Juancito Pinto (473 millones), el Juana Azurduy (187 millones) y en cuarto y quinto lugar se ubican el Bono Mensual para Personas con Discapacidad y el Subsidio Universal Prenatal por la Vida (163 millones cada uno).
Las fuentes de financiamiento más importantes fueron y aún son la estatal YPFB, el TGN y el IDH.
Ahora se espera que la Gestora Pública, como empresa pública estratégica, contribuya con sus utilidades al pago del bono más costoso, en el marco del Decreto 4716, aprobado en mayo de 2022.
Asimismo, en agosto del año pasado, se aprobó el decreto 7483, que establece que las empresas públicas del nivel central del Estado y en las que el Estado tenga mayoría accionaria transfieran al TGN parte de sus utilidades para financiar programas de interés social, como son los bonos.
Asimismo, el PGE 2023 obliga a las empresas eléctricas del sistema interconectado nacional a transferir al TGN el 5 por ciento de sus recursos percibidos por ventas para financiar la Renta Dignidad.
El economista Darío Monasterio manifestó que el presidente Luis Arce «es el arquitecto de un modelo agotado que no tiene sostenibilidad en el tiempo».
Propuestas
Monasterio manifestó que se deberían vincular los bonos existentes con fuentes de ingresos sostenibles y administrados adecuadamente. Un alivio a la falta de recursos económicos, en general, pasa por fomentar la inversión privada, indicó el economista.
No obstante, Monasterio dijo que «sería lapidario» para la economía que el Gobierno «eche mano de los recursos privados» para financiar los bonos sociales, «una vez que los recursos del Estado hayan sido dilapidados».
Dunn, por su parte, consideró que es muy difícil eliminar algunos bonos, ya que esto acarrearía un costo político muy grande para el Gobierno. Por ello, dijo, se deberían focalizar los bonos hacia las personas que «realmente lo necesitan», pues entre los beneficiarios se encuentran también sectores que no los requieren.
«Es como con el subsidio a los hidrocarburos, se da a todos y hay gente que recibe y no necesita. Los bonos deberían ir a la gente que realmente lo necesita, y hay mucha ineficiencia en ello», indicó Dunn.
Asimismo, una política de generación de empleos de calidad, en lugar de fomentar la informalidad y la ilegalidad, probablemente ayudaría mucho más a las familias de los grupos vulne-rables que demandan bonos para subsistir.
En este sentido, Dunn expresó que el elemento central de la economía de un país no deben ser los bonos, sino la generación de empleo y productividad. «Los bonos no deberían ser un punto central del modelo económico como lo son ahora.
«El motor de cualquier economía es el trabajo y la producción», agregó.
Presupuesto para bonos sube en 9%
El presupuesto para el pago de bonos sociales subió en 9 por ciento en el PGE 2023 en comparación con el de 2022.
Para este año, se prevé destinar 7.410 millones de bolivianos en el pago de los cinco bonos para poco más de 4 millones de beneficiarios, mientras que el año pasado se había previsto 6.799 millones de bolivianos.
Los Tiempos
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