Dos vehículos, reclamados como robados por una ONG chilena, fueron comisados y puestos a disposición por la Aduana Nacional siguiendo todos los procedimientos y con toda la documentación respaldatoria, ya que estos no contaban con una denuncia de robo internacional de acuerdo a las certificaciones emitidas por la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), aclaró la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo Miranda.
La ejecutiva informó que la institución presentará querellas contra funcionarios de DIPROVE a fin de determinar si las certificaciones emitidas, en septiembre de 2018 en el caso del camión Volvo y en febrero del 2022 en el caso de la camioneta Mitsubishi, son legítimos o tienen irregularidades. Ambas certificaciones señalan que los dos motorizados denunciados como robados, no contaban con denuncia nacional e internacional de robo de vehículos.
La entidad aduanera tomando conocimiento de presuntas denuncias realizadas por el ciudadano chileno Hugo Bustos, acerca de tres vehículos robados en Chile, realizó las investigaciones correspondientes y en sus sistemas encontró dos de los tres motorizados; un camión y una camioneta con toda la documentación respectiva a sus comisos según normativa, mientras que una segunda camioneta nunca llego a estar en custodia de la institución.
Motorizados intervenidos
En el caso del camión Volvo, Modelo FH12, este fue entregado por las Fuerzas Armadas a la Aduana Nacional en abril de 2018, en el Recinto Aduanero de Pasto Grande, Oruro; ya que el mismo fue encontrado en una ruta no autorizada con mercancía de contrabando consistente en prendería usada y plásticos; en septiembre del mismo año, DIPROVE emitió una Certificación Oficial, de que dicho vehículo no reportaba denuncia de robo nacional e internacional, por lo que una vez concluido el Proceso Sancionatorio, el camión fue adjudicado al Ministerio de la Presidencia, de acuerdo a las previsiones de la Ley N° 615 de Disposición de Mercancías.
La Aduana Nacional también dio a conocer que no se estableció una denuncia penal o un proceso judicial a la institución para la devolución del supuesto camión robado. La única documentación solicitada por el presunto propietario del motorizado, fue una solicitud de fotocopias simples de la Resolución Sancionatoria en contrabando, documentación que le fue entregada en la gerencia regional Oruro.
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