Ante las denuncias de la expresidenta Jeanine Añez de acoso y persecución, el ministro de Justicia, Iván Lima, pidió ayer a la exautoridad responder todas las denuncias en su contra y le garantizó un debido proceso.
«Exhortamos a la expresidenta Jeanine Áñez que pueda responder a todas las denuncias, a todas las actuaciones con la tranquilidad que ella manifiesta. Este Gobierno le garantiza un debido proceso, le garantiza que todas las actuaciones del Órgano Judicial van a ser en el marco de la independencia», afirmó, en conferencia de prensa.
La autoridad indicó que se aprecia que Áñez continúe en el país y que pueda responder al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los hechos violentos registrados en 2019 y a la Justicia boliviana.
El 25 de noviembre, la exmandataria denunció que es víctima de acoso y persecución de parte del MAS, a través de la Policía y otros sujetos no identificados.
Un día después, Añez envió una carta al presidente Luis Arce, en la que denunció que las fuerzas de seguridad del Estado la acosan de «forma absurda» debido a que se quedará en el país.
EL JUICIO
El 29 de octubre, el Legislativo determinó sugerir un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Añez y 11 de sus ministros, por las masacres de Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y Yapacaní (Santa Cruz), registrados en noviembre de 2019.
La entonces presidenta del Senado Eva Copa (MAS) explicó que la comisión mixta especial que investigó estos hechos sugirió, a través de un informe, el inicio de un juicio de responsabilidades contra Áñez, pero que la decisión sobre ese proceso será definida por la próxima legislatura.
Copa dijo que, para determinar un juicio de responsabilidades, se requiere el apoyo de dos tercios del pleno del Legislativo, en función a lo que establece la Ley 044.
El 23 de noviembre, la comisión de expertos de la CIDH inició la investigación de los hechos de violencia en 2019 sobre la base de tres ejes: la evaluación de las pesquisas que hizo el Estado; la realización de las indagaciones; y la reparación de las víctimas.
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